Juntos pidió remover a Centurión y Casas y Unidad Ciudadana pidió actuar contra la «criminalización hacia los jóvenes»

Luego del comunicado conjunto del domingo entre los diferentes espacios políticos y en la antesala a la asunción de autoridades en el Concejo Deliberante, dos de los espacios mayoritarios del distrito exigieron respuestas y decisiones tras la muerte de Luciano Olivera en un control policial por gatillo fácil.

Juntos solicitó al poder ejecutivo municipal, mediante un proyecto de resolución, la remoción del subsecretario de Seguridad, comisario mayor RE Antonio Centurión, y el director de Tránsito y Nocturnidad, José Casas. «Este pedido se fundamentó primeramente ante los hechos de inseguridad que han afectado a nuestro distrito desde hace largo tiempo y que culminan con el asesinato de Luciano Olivera», señalaron en una comunicación a la prensa.

«En todo este tiempo no se han observado que se lleven a cabo medidas de prevención que garanticen operativos de control de tránsitos seguros y transparentes, por el contrario, en diversas ocasiones, vecinos han referido que los controles son diferenciados, respondiendo a estereotipos sociales, quebrantando pactos internacionales de derechos humanos que garantizan la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación plasmados en nuestra Constitución Nacional», remarcaron. A su vez, los ganadores de las últimas elecciones legislativas enumeraron diversos crímenes acontecidos en la última década para calificar como «falta de gestión» a la labor de Centurión, mientras que la de Casas fue descripta como «ineficiente» y que da «lugar a suponer que el fin que se persigue es meramente recaudatorio».

Desde Unidad Ciudadana, que integra el Frente de Todos, señalaron la «imposibilidad» de concretar un encuentro con el intendente Ianantuony esta mañana para acercar su preocupación y manifestarle lineamientos que consideran urgentes. «Sabemos que la violencia institucional requiere respuestas políticas efectivas y concretas, soluciones que no pueden seguir siendo dilatadas», introdujeron.

En un texto publicado en redes y difundido a la prensa con la firma de 14 espacios, insisten con que «hace tiempo ya que comenzamos a problematizar la criminalización hacia los jóvenes -en su mayoría provenientes de barrios populares- por parte de las fuerzas de seguridad de nuestra jurisdicción». Por ello aseguran que la misma genera «abuso de autoridad en los que confluyen la persecución, los maltratos físicos, los recurrentes hostigamientos, y, también, los homicidios a sangre fría como los hechos acontecidos recientemente».

Por ello, solicitan la creación de un Centro de Acceso a la Justicia, puesta en ejecución y acompañamiento de los Foros territoriales contra la Violencia Institucional, creación de un espacio multisectorial entre organizaciones y efectores del Estado relacionado con el área de Seguridad y Derechos Humanos, y de un Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia institucional. Además, expresaron punteos sobre el rol y articulación de la Fiscalía, Fuerzas de Seguridad y la propia Secretaría de Derechos Humanos.