Su nombre sería el único acordado en un cargo que le corresponde a la oposición, mientras el PRO aún dirime nombres para otros puestos.
El exintendente Enrique Marcelo Honores sería nuevamente elegido para ocupar un cargo en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en este caso, como defensor adjunto general. En un artículo a cargo de Hernán Sánchez en la revista La Tecla remarcan que su mandato en el organismo venció y si la Legislatura provincial así lo dispone pasaría a renovarlo en un puesto correspondiente a la oposición.
La vuelta al rol le impediría realizar o participar activamente de encuentros proselitistas, tal como pudo realizar durante febrero ante la visita de Facundo Manes a Miramar. «Tengo una función y una responsabilidad que me impide a mí hacer política abiertamente. Una de las condiciones para ocupar este rol es que uno tiene que representar a todo el mundo sin distinción de partidos políticos», había suscripto Honores en 2019 respecto a los alcances de su labor en Provincia. Y en 2020, ante una denuncia por actividades incompatibles, aclaró: «Cuando se me designa como defensor a cargo, las dos únicas condiciones eran no ejercer la profesión, es decir, bloquear la matrícula (de abogado) que está bloqueada, y pedir la suspensión de la afiliación partidaria (a la Unión Cívica Radical), cosa que hice».
La designación se debe hacer oficial mediante la 2ª sesión ordinaria del Senado bonaerense, donde además se votarían los directores del Banco Provincia que faltan y, como se mencionó anteriormente, los adjuntos de la Defensoría del Pueblo que le corresponden a la oposición. Para esto, Juntos deberá cerrar una discusión interna abierta por las restantes sillas en la Defensoría, básicamente entre distintos sectores del PRO. Incluso uno de los nombres que se baraja es el de la exdiputada por La Plata, Carolina Barros Schelotto, habitual turista de Miramar.
Así, se deberá elegir Defensor Adjunto de Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud (cargo que ostentó el exintendente), y el Defensor Adjunto de Medio Ambiente y Asociaciones Civiles. Tanto el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, como las otras cuatro Defensorías Adjuntas fueron votadas por ambas Cámaras en los últimos días de diciembre de 2021, cuando se le hicieron modificaciones a ley 13.834.