El reclamo encabezado por padres de la Escuela Primaria Nº 2 José Hernández de Mar del Sud por agua no apta para consumo humano en dicha institución tuvo novedades en la tarde del jueves al conocerse que se falseó un informe de control de calidad.
La novedad fue publicada en las redes sociales del Consejo Escolar mediante un comunicado sin firmas, donde reza que sus autoridades «tomaron conocimiento de una versión que circulaba (…) acerca de la fidelidad del análisis» y que, consultado el proveedor, expresó «que el informe de potabilidad del agua (…) fue adulterado por él, reconociendo no haber llevado la muestra de agua de la EP 2 al organismo pertinente».
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Ante esto, el propio comunicado menciona que se le notificó la gravedad del hecho al prestador, se le advirtió de las gravísimas consecuencias que esto ocasionará, se lo denunció -aunque no indica dónde-, se abrirá una investigación preliminar y se lo suspendió inmediatamente de su contratación para brindar servicios al Consejo.
La situación se evidenció al menos desde inicios del ciclo lectivo, donde la Cooperativa Eléctrica de Mar del Sud realizó un nuevo pozo de captación ante la duda. Mientras tanto, los padres decidieron hacer un estudio bacteriológico sobre el cual asumieron los costos ante presunta contaminación, el cual arrojó resultado positivo para Escherichia coli.
Desde el Consejo Escolar, presidido por la oficialista Carolina Palacios, afirmaron que se habían remitido los estudios a una universidad de Mar del Plata y, luego, que el agua era apta para consumo. Sin embargo, todo cambió cuando parte de la comunidad educativa buscó corroborar el resultado con la profesional que firmó el estudio en la vecina localidad y les respondió que «no realizó ese análisis porque no estaba trabajando en la fecha en que se hizo el mismo», según cita el medio colega PeriodismoYa.
Ante la confección de un informe falsificado y el uso de una firma sin consentimiento, un grupo de concejales de la oposición aseguró que se denunció penalmente ante la Policía Ambiental. Asimismo, podría configurarse en un delito federal ya que la firma falseada es de una profesional de una universidad nacional.
«Lo ocurrido es de una gravedad institucional alarmante. Está en juego la salud de nuestros niños y niñas, la confianza de las familias en las instituciones y la transparencia del Estado. No hay lugar para el silencio ni para la improvisación. Se necesita idoneidad, conducción, responsabilidad y verdad. Es lo mínimo que merece nuestra comunidad», señalaron los ediles Ardouin, Farías, Pagliardini, Sánchez Charró, Spadari y Trejo.
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