El intendente municipal, Sebastián Ianantuony, informó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia dispuso «la intervención administrativa del Consejo Escolar de General Alvarado».
Fue mediante un posteo en Facebook en la noche del jueves que no fue reflejado por otros canales de comunicación oficiales de la comuna, y al momento de la redacción de este artículo no se había conocido documentación oficial al respecto. Del mismo modo, EDM se comunicó con la DGCyE a la espera de ampliar datos al respecto.
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La decisión fue tomada «conjuntamente con el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni» y la medida «es de carácter transitoria, alcanza a todos los Consejeros Escolares por igual, siendo el único objetivo continuar garantizando el normal funcionamiento de las instituciones educativas», según detalló el Jefe Comunal.
«Quiero transmitirles a las familias la tranquilidad de que seguimos trabajando con transparencia en los procesos, y además hago un llamamiento a las fuerzas políticas a ser prudentes en sus consideraciones sobre todas las personas que forman parte del cuerpo del Consejo Escolar», consideró.
De momento, solo la vicepresidenta Adriana Parodi (PRO) tomó licencia y se desconoce si ya tomó el cargo su suplente Mirtha Moreno. Los otros dos imputados, la presidenta Carolina Palacios y el tesorero Fernán Gorostiza, ambos de Fuerza Patria, siguen en sus funciones al igual que los otros tres consejeros que no están involucrados: Paulo Tilaro, y los radicales Nicolás Mujica y Silvia Graciela Sánchez.
La determinación tomada desde La Plata se añade a la informada hace un mes, cuando se designó al Dr. Emanuel Lelio Ocaranza como avocador. Según se explicó oportunamente, el funcionario enviado «realizará todas las acciones necesarias para lograr la normalización del funcionamiento del órgano». En ello, especifica que no solo deberá «arbitrar medidas necesarias a fin de hacer eficiente su funcionamiento en general», sino «en particular realizar un control preciso y exhaustivo sobre las cuestiones atinentes a la sanidad e higiene de las diferentes instituciones educativas».
La resolución fechada el 28 de agosto pero dada a conocer después de las elecciones del 7 de septiembre explicó que «conforme la gravedad de los hechos investigados, relacionados con la gestión llevada adelante por ese Consejo sobre las condiciones de salubridad de los establecimientos educativos», que «el ente auditado deberá profundizar la adecuación de procesos y circuitos a los normados por la reglamentación vigente fundamentalmente en lo atinente a protocolos de salud y asimismo control de selección de proveedores que sean expertos en la materia, todo ello de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa del distrito» y que las medidas se toman «a fin de preservar la funcionalidad institucional del Consejo Escolar de General Alvarado, en procura de salvaguardar el interés público y particularmente las cuestiones de salubridad e higiene en todos los aspectos de la comunidad educativa y, ante el temor y la presunción que las presentes irregularidades pudieran extenderse a otras áreas del funcionamiento del mismo». Por último, mencionaron que «dicha situación de anomalía no ha variado hasta la fecha, agravándose ante la investigación penal de las máximas autoridades del Consejo Escolar».
En marzo, un análisis de agua realizado de manera privada por un grupo de padres del Polo Educativo de Mar del Sud evidenció la presencia de Escherichia coli y pseudomonas que afectaban la salud de sus hijos. Por parte del Consejo se presentó un escueto análisis donde figuraba que el agua era potable, el cual se descubrió que fue falsificado al usar una firma de una profesional de la UNMDP que no estaba enterada, mientras que la maniobra fue avalada por tres consejeros escolares.
Así, la semana pasada la Justicia Federal imputó formalmente a los antes mencionados Palacios, Parodi y Gorostiza, como así también al proveedor Ezequiel Bravo. A su vez, se investiga si se realizó la misma práctica con al menos un centenar de certificados similares emitidos desde 2021.
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