El conflicto en el principal efector privado del distrito se mantiene desde hace 3 años y se agravó cuando PAMI quitó las cápitas, por lo que los sueldos se empezaron a pagar desdoblados.
El malestar de los trabajadores del Instituto Privado Mitre de nuestra localidad se puso de manifiesto en el mediodía de este martes mediante una marcha para exponer el reclamo que mantienen desde hace tiempo, las cuales podrían realizarse de manera diaria hasta obtener una respuesta. Según aseguran, cobraron entre un 20% y un 25% del sueldo del mes, que ya se venía abonando en cuotas en el último tiempo como continuación de una problemática de al menos 3 años.
En conversación mantenida con EL DIARIO DE MIRAMAR la semana pasada, dos socias propietarias explicaron que la situación se agravó cuando PAMI decidió transferir las 1200 cápitas desde la Clínica al Hospital para que sus afiliados sean atendidos en el efector público.
Las cápitas son los pagos que la obra social abona a prestadores mensualmente en función de las prestaciones que cada uno puede brindar, según la cantidad de afiliados asignados, camas, tecnología disponible, entre otros elementos. A esta situación se le suman las habituales demoras de IOMA para pagar las atenciones efectivamente prestadas con anterioridad.
«Estamos atravesando una crisis financiera y económica importantísima y grave, que se agrava más con la segunda ola de la pandemia. Desde 2018 nos viene faltando la cápita de PAMI, desconocemos el motivo, y por eso subvencionamos los gastos mínimos de la Clínica. Se manejan aproximadamente 60 empleados fijos más los médicos, y sostenemos un gasto mínimo muy alto», exponían desde la firma el pasado lunes.
El cierre de la Clínica complicaría de manera estrepitosa la situación sanitaria en la localidad, al quedar el Hospital como única alternativa de atención en un año de pandemia y trabajar en un sistema de salud mixto, como se lo denominó oportunamente desde el Municipio en diferentes partes de prensa.
El miércoles se mantuvo una reunión con el Ejecutivo municipal donde se había asegurado que se iniciarían las gestiones que las prestaciones vuelvan del Marino Cassano a la institución de Avenida 23, pero al momento no se firmó documentación que oficialice las mismas.
Por ello, empleados y allegados marcharon desde 26 y 23 hasta la puerta de la Clínica. «Nosotros no somos empleados de PAMI, somos empleados de una institución privada. Lo estamos sufriendo», declaró este mediodía Lina Guiorzzo, secretaria adjunta de ATSA, en diálogo con F5TV y EDM.
«Nos están debiendo el 50% que para nosotros es muchísimo dinero. Tuvimos mucha paciencia y esperamos una pronta solución. Ellos no nos dan explicaciones de ningún tipo: simplemente no nos pagan», indicó Silvia, otra trabajadora del establecimiento.
En la convocatoria también participaron referentes de las organizaciones que componen la CGT, al igual que del ámbito político opositor.
