La investigación encontró más de cien certificados falsos relacionados con agua potable, por lo que la Justicia Federal decidió imputar al proveedor del servicio y a tres miembros del Consejo Escolar de General Alvarado.
La Justicia Federal avanza con las imputaciones en la causa que investiga la presencia de agua contaminada en una escuela de Mar del Sud. Según confirmaron desde la Justicia Federal, la investigación encontró más de cien certificados falsos desde 2021 y se sospecha que el proveedor del servicio cometió la misma irregularidad en otras instituciones del distrito.
![](https://eldiariodemiramar.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/banner-Edea-WA-Reclamos-300x250-nov-2023.jpg")
Luego de que a fines de agosto el caso tomara repercusión nacional, el proceso judicial apunta directamente contra la compañía en cuestión, además de contra tres miembros del Consejo Escolar de General Alvarado, que habrían tenido conocimiento de la situación ocurrida en la Escuela Primaria Nº 2.
El fiscal federal Carlos Martínez aclaró que «la Justicia Federal interviene en este caso porque los documentos falsificados, que se presentaron indicando que el agua de la escuela era potable, aparecen como falsamente emitidos por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se falsearon informes de una entidad nacional».
Entrevistado por Nicolás Galante en Brisas Segunda Edición (Radio Brisas 98.5, lunes a viernes a las 18:00), expresó que se tomó conocimiento «por una presentación que hicieron los padres en la Unidad Fiscal, donde nos hicieron saber que les habían presentado que el agua era potable y no había ningún inconveniente con la reanudación de clases a comienzos del Ciclo Lectivo 2025. Los informes daban cuenta que el agua era buena».
«Los padres dudaban un poco, porque tenían un informe de un laboratorio privado que era muy completo y describía cómo se habían hecho los análisis, y el de la Universidad parecía algo escueto y tenía datos que no coincidían con la toma de muestras», añadió.
Según el fiscal, «uno de los padres vino a Mar del Plata, entrevistó en la Universidad a quien supuestamente había firmado el informe y el mismo le dijo que nunca entraron esas muestras a la Facultad, por eso se vino a la Fiscalía a radicar la denuncia».
«Si bien todavía gran parte está bajo análisis, la documentación que pudimos secuestrar, más el primer análisis de alguno de los teléfonos con los que nos hicimos, dieron cuenta de que la magnitud era muchísimo mayor a la de un primer momento, cuando contábamos con un informe o dos que podían ser falsos. Nos encontramos con un universo de aproximadamente más de cien certificados falsos de agua potable en distintas escuelas del partido de General Alvarado», destacó.
Consultado por la posibilidad de que el proveedor realizara esa maniobra en otras instituciones educativas, Martínez expresó: «Nosotros sostenemos esa hipótesis. La evidencia que tenemos colectada, de momento, nos marca que eso es así».
«Ayer se realizó en el Juzgado de Garantías Federal la audiencia de formalización de la imputación, donde presentamos los cargos respecto del proveedor del Consejo Escolar, quien se encargaba de la toma de muestras y el saneamiento de tanques y limpieza de pozos», puntualizó.
Sin embargo, confirmó que «también fue contra tres integrantes del Consejo Escolar: la presidenta, Carolina Palacios (Fuerza Patria); la vicepresidenta, Adriana Parodi (PRO); y el tesorero, Fernán Gorostiza (FP), quienes entendemos que tienen algún grado de participación. En algunos de los casos, sobre todo en el último, con el certificado presentado a comienzos de este ciclo lectivo, conocían la falsedad antes de presentárselo a los padres».
En este sentido, mencionó que la decisión que pueda tomar la Justicia no afectaría el desempeño de los consejeros en su mandato vigente como así tampoco en la reelección obtenida por Parodi para continuar desde el 10 de diciembre y hasta 2029.
Doc2_e871c92026Los análisis falsificados (cortesía La Nación)
El futuro del caso en Mar del Sud
En cuanto a la permanencia o desplazamiento de los miembros del Consejo por esta irregularidad, el fiscal recordó que «la Justicia no tiene injerencia en cuanto al Consejo Escolar, porque son cargos electivos y el cuerpo tiene un procedimiento para excluir provisoria o definitivamente a algún consejero».
«Sí sabemos fehacientemente, porque expusimos esta situación ante las máximas autoridades de Educación de la Provincia, que se dispuso la presencia de un avocador o interventor para realizar algo similar a una auditoría o control», añadió.
También resaltó que el caso «es grave», porque «estamos hablando de menores en situación escolar. Los padres tienen un grado de angustia enorme y los elementos con los que contamos marcan que el pozo de cloaca estaba casi lindante con el de donde se obtenía el agua para el consumo, y en el desborde de napas y sobre todo cuando llovía demasiado, había un vertido entre ambos pozos y el agua se mezclaba».
«Los padres acercaron un informe hecho en un laboratorio privado donde, a la misma fecha en que este informe falso decía que el agua era buena, ellos contaban con otro que afirmaba que el agua tenía presencia de Escherichia coli, pseudomonas, entre otros elementos altamente nocivos para la salud», resaltó.
Por último, Martínez ratificó que «acabamos de formalizar la imputación y tenemos un plazo de investigación de 180 días, donde tenemos que analizar otros informes y documentación que secuestramos en distintos ámbitos de las escuelas y el Consejo Escolar, además de recabar otros testimonios».
Recomendadas
