El Ministerio Público Fiscal dio detalles de la imputación a consejeros escolares y un contratista

Tal lo adelantado por el titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal federal Carlos Martínez, se formalizó la investigación preparatoria en relación a cuatro personas por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos de Mar del Sud, que comparten el mismo predio y pozo de agua.

En el órgano oficial de difusión del MPF, fiscales.gob.ar, se detalló que las personas investigadas son un contratista, quien debía certificar que el agua que se distribuía en las escuelas era potable y que habría además falsificado informes en más de un centenar de oportunidades, y tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado –su presidenta, vicepresidenta y tesorero–, quienes también están imputados por el incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica de documentos públicos.

La imputación se dio en el marco de una audiencia encabezada el jueves pasado por el juez de Garantías Santiago Inchausti, quien presenció la formalización de la investigación y autorizó que la misma se extienda por 180 días.

De la audiencia, realizada bajo la coordinación de la Oficina Judicial, a cargo de Néstor Fernández de la Puente, participó el fiscal Martínez, junto al auxiliar fiscal Agustín Roldán y equipo.

En el texto publicado en la web de referencia se hace un relevamiento de lo ocurrido con el caso desde fines del ciclo lectivo pasado y al presente. Pero como elementos claves informados el último jueves, se mencionó que «de acuerdo con la investigación de la fiscalía, en base a la documentación secuestrada y los testimonios obtenidos, el informe (de agua contaminada) fue comunicado de inmediato a las autoridades educativas, quienes suspendieron un día las clases. Ese 6 de marzo, ante el pedido de explicaciones de las familias, las directoras de los establecimientos fueron citadas a la Jefatura Distrital, en la que las autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado relataron que contaban con un análisis hecho el 18 de febrero que avalaría la potabilidad del agua, pero no fue exhibido».

«El 7 de marzo, las clases se reanudaron, y cuando los padres se acercaron a primera hora para escuchar las explicaciones, exigieron ver el análisis. La Unidad Fiscal logró reconstruir mensajes enviados entre los imputados esa mañana que dieron cuenta de la falsificación de un informe, propuesta por el contratista y avalado por la vicepresidenta del Consejo Escolar local. De esta manera, se exhibió el documento falso en una segunda reunión realizada el mismo 7 de marzo al mediodía», prosiguió.

Las imputaciones en la audiencia

«A sabiendas del informe que mostraba la no potabilidad del agua por presencia de pseudomonas y escherichia coli, con el antecedente de la saturación de los pozos, la cercanía con el pozo de agua potable, los reclamos que realizaban los padres por enfermedades como gastroenteritis, vómitos, diarreas y sarpullidos, los funcionarios, con la intervención del contratista, habilitaron a que se distribuya agua no potable disimulando su carácter nocivo, aparentando que era potable y apta para consumo a la comunidad educativa integrada por niñas, niños y adultos docentes y no docentes», explicó el fiscal Martínez al momento de relatar los hechos y presentar la imputación.

Los tres funcionarios del Consejo Escolar -Carolina Palacios y Fernán Gorostiza del oficialismo, y Adriana Parodi por el PRO- y el contratista -Ezequiel Bravo- están imputados como autores de los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y suministro de agua contaminada, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de los tres consejeros.

El contratista fue acusado también por defraudación a la administración pública, por la falsificación y uso de otros cinco documentos apócrifos elaborados para el polo educativo en cuestión, que posibilitaron el suministro de aguas para consumo humano disimulando su carácter nocivo. Pero, además, está siendo investigado por su actuación en relación con otros 98 informes de distintos establecimientos educativos del partido bonaerense de General Alvarado, presuntamente falsos, confeccionados entre los años 2021 y 2024.

A los consejeros, por su parte, se les imputa también el delito de falsedad ideológica, por la confección del acta en la que simularon un pedido de explicaciones al contratista, para que se haga cargo de los hechos en los que habrían participado los cuatro. Y en particular, la presidenta del Consejo Escolar está siendo investigada por esta misma figura, por la confección de actas elevadas a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Sin salida del país y con restricción de acercamiento

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Roldán solicitó al juez, por un lado, la prohibición de salidas del país sin autorización judicial para las cuatro personas investigadas, y por otro lado, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros al polo educativo de Mar del Sud, sito en la manzana de calles 106 y 27, por el plazo de 180 días en consonancia con el plazo requerido para la investigación, que vencerá el 17 de marzo del año próximo.

Al dar fundamento a su pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal reparó en «la gravedad del hecho», dado que «el accionar de los imputados ha puesto en riesgo la salud de la comunidad educativa», e incluso mencionó el amedrentamiento que una madre denunció al prestar testimonio en el marco de esta investigación.

En el marco de medidas cautelares patrimoniales, con vistas a salvaguardar los fines del proceso y eventuales indemnizaciones, solicitó el embargo de bienes registrables de los imputados, que incluyen vehículos e inmuebles, y la inhibición general de bienes de la presidenta del Consejo Escolar por no haberse detectado, de momento, bienes registrados a su nombre.

Con información propia y de fiscales.gob.ar.