Presentada en enero por la Asociación Médica de General Alvarado, la propuesta de articulación administrativa permitiría pasar de recuperar 72 millones a más de 721 millones de pesos anuales, aliviar la falta de insumos y recomponer salarios. Aún no hay respuestas mientras crece la crisis en el sistema público local.
En medio de una aguda crisis de financiamiento que asfixia al sistema sanitario del Partido de General Alvarado, reflejada en la constante zozobra por el cobro de salarios del personal de salud, la escasez de insumos básicos y la declaración formal de la Emergencia Sanitaria, una alternativa concreta de solución duerme en los despachos oficiales sin haber recibido siquiera una respuesta formal.
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Se trata del Proyecto de Facturación en el Sistema Sanitario de General Alvarado, un plan elaborado y presentado en enero por la Asociación Médica de General Alvarado (AMGA). Pese a que el documento ofrece un mecanismo técnico para revertir la pésima situación económica del Hospital Municipal Dr. Marino Cassano, de la Unidad Sanitaria de Otamendi y de los diez Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la gestión comunal tiene archivada la iniciativa desde el 6 de enero, mientras urge una respuesta frente al deterioro de las prestaciones que padecen los vecinos del distrito.
Según el documento al que accedió EL DIARIO DE MIRAMAR sumado a la verificación de datos con sus autores, la entidad médica describe un cuello de botella que el propio Municipio reconoce pero no logra solucionar. Con una red pública compuesta por 330 agentes y una infraestructura que absorbe más de 724.000 consultas anuales (con un 50% de la población atendida en el hospital y otro 13% en las salas periféricas), la comuna sostiene en soledad una demanda creciente.
Más aún: aproximadamente el 65% de los afiliados a obras sociales y prepagas del distrito termina atendiéndose en la red pública debido a que las otras opciones son la Clínica Buenos Aires -con sus vaivenes constantes- y consultorios privados. Sin embargo, «existe un déficit marcado en la captación y facturación de dichas prácticas». La consecuencia económica es directa: el municipio solo llega a facturar a 2 de cada 10 pacientes con cobertura médica, perdiendo de cobrar los recursos que corresponden por los otros 8.
El trabajo presentado en enero desnuda la ineficiencia del esquema de cobro que mantiene la administración comunal. Según los datos consignados en la propuesta, por una consulta médica efectuada a un paciente con obra social, la Comuna percibe apenas $1.267 a través de sus mecanismos habituales, con demoras en el cobro que superan los 90 días y se extienden habitualmente hasta los 300 días.
En contraste, si esa misma prestación fuera abonada a través de los convenios arancelarios que AMGA y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) poseen con las obras sociales, los montos ascienden a valores que van de los $17.156 a los $25.392. Es decir, por no sentarse a dialogar y articular, los vecinos de General Alvarado dejan escapar una diferencia de entre el 400% y el 600% por cada consulta.
«El Municipio recibe solo una fracción mínima del valor real de la prestación, incluso cuando el trabajo, la infraestructura, el recurso humano y los insumos son aportados por el sistema público», destacó el documento nunca respondido.
Esta fuga constante de recursos públicos impacta de lleno en la guardia, los quirófanos y los consultorios. El Municipio suscribió un convenio con Provincia para implementar el SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada), otro programa de recupero de costos de atención de los pacientes que cuentan con obra social, medicina prepaga u otra cobertura médica que aún no tuvo el cobro de su primera cuota. Hasta ahora se utilizaba un Fondo de Distribución Mensual Hospitalaria, establecido en 2008 cuando el doctor Federico Moreira fue secretario de Salud, hoy por hoy tesorero de la Asociación. El mismo hasta estipulaba un 10% para la farmacia propia del Hospital que ya no funciona. Y no se puede dejar de lado la demora en el esquema de pagos de las obras sociales estatales, PAMI y IOMA.
La AMGA remarca expresamente en su proyecto que este desfasaje administrativo genera «una pérdida económica significativa, que afecta directamente la disponibilidad de insumos, el mantenimiento edilicio y tecnológico, la renovación de equipamiento, la capacitación del personal y la capacidad de sostener nuevas prestaciones o servicios especializados». Asimismo, los profesionales dejan en claro en el texto entregado a las autoridades municipales que «el actual modelo de financiamiento —basado en una alta inversión municipal y baja recuperación mediante obras sociales— es insostenible a mediano plazo para cualquier distrito que, como el nuestro, sostiene prácticamente en soledad los tres niveles de atención».
La solución diseñada por la Asociación Médica, institución fundada en 1944 que agrupa a 92 profesionales, no implica un costo fiscal para el municipio, sino la asunción operativa de la cobranza por parte de la entidad, que dispone de infraestructura, asesores contables, legales y administrativos capacitados en recupero. Mediante la creación de una Oficina de Facturación y la puesta en marcha de sistemas informáticos en línea, AMGA captaría las atenciones de pacientes con obra social en el Hospital, Otamendi y todos los CAPS, aplicando una retención del 10% para cubrir sus gastos operativos. Del resto de los fondos liquidados, el 30% de los honorarios médicos e ingresos por prácticas iría directamente a cuentas municipales específicas con destino a cada efector, recortando además los plazos de cobro a 60 días.
Los números que arroja la propuesta elaborada en enero resultan contundentes frente a la pasividad oficial. De aplicarse el proyecto, la facturación del Hospital Municipal pasaría de los escasos $72.162.627 actuales a una proyección en aquel entonces de unos $721.626.270 anuales, lo que representa un incremento proyectado del 900% en los ingresos por recupero. A su vez, el proyecto destina el 70% de los honorarios de consultas y prácticas ambulatorias al profesional actuante, lo que permitiría generar «una mejora real en los ingresos del personal, con especial relevancia en los trabajadores de los CAPS del distrito que hoy, a pesar de realizar múltiples prestaciones diariamente, no reciben bonificaciones vinculadas al recupero». Esto no solo mejoraría los salarios de la salud pública municipal, sino que constituiría un incentivo para atraer y retener profesionales médicos en Miramar, Otamendi, Mechongué y Mar del Sud, los cuales ingresan y egresan constantemente según consta en el Boletín Oficial municipal.
A pesar de la contundencia del diagnóstico y de los beneficios económicos e institucionales prometidos, el Ejecutivo municipal optó por un cerrado silencio. Desde enero hasta la fecha, el proyecto no fue debatido, no fue remitido a las comisiones del Concejo Deliberante para su tratamiento como ordenanza ni recibió contrapropuesta alguna por parte de la Secretaría de Salud o de la Intendencia.
La salud pública local está a punto de explotar. El recorte de días de atención anunciado por el Dr. Coria trajo consigo en varios casos reducción salarial, a lo que se agrega la demora de hasta cuatro meses para conseguir turnos en algunas especialidades, la ausencia de insumos elementales que obligan al personal a improvisar planes de derivación o contingencia urgente, y hasta renuncias y expectativas de medidas de fuerza. Desde el Ejecutivo solo se habló de «reorganización», se evitó el término «recorte» y se le echó la culpa al contexto económico nacional. E incluso se mantiene el proyecto del nuevo Hospital cuando no se puede garantizar qué ocurre con su personal y sus insumos.
La propuesta de AMGA concluye con un directo llamamiento a la responsabilidad política de la gestión local, señalando que «quedará en la responsabilidad de nosotros y nuestros gobernantes, trabajar en forma conjunta, para dar el paso que la sociedad Alvaradense pacientemente en forma silenciosa merece y demanda».
