Tras la interrupción del mantenimiento técnico en el área de hemodiálisis, la concejal Viviana Farías (PRO) formalizó una denuncia urgente ante el Ministerio de Salud bonaerense. La presentación, a la cual accedió EL DIARIO DE MIRAMAR, ratifica las advertencias previas del proveedor del servicio sobre deudas acumuladas y trabas burocráticas que comprometen la atención de los pacientes que dependen de estas prestaciones.
La denuncia de carácter urgente fue dirigida al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de la Región Sanitaria VIII. En la misma se solicita la fiscalización e intervención inmediata por el «grave riesgo sanitario, falta de servicio y peligro inminente para la vida de los pacientes electrodependientes nefrológicos, respecto de la situación operativa que afecta a la Sala de Hemodiálisis del Hospital Municipal ‘Dr. Marino Cassano'».
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En el escrito presentado ante el organismo provincial, la edil remarcó que «el Hospital Municipal ‘Dr. Marino Cassano’ cuenta con una Sala de Hemodiálisis de la cual dependen de forma exclusiva múltiples pacientes de la localidad para su subsistencia biológica». De acuerdo con el texto de la denuncia, «el proveedor encargado del mantenimiento técnico vital de los monitores de diálisis, el sistema de tratamiento de agua y ósmosis inversa, ha discontinuado la prestación de sus servicios técnico-legales debido a una falta de pago sostenida por parte del Municipio de General Alvarado».
Respecto de las consecuencias de esta interrupción de servicios, la concejal fundamentó que «la carencia de un servicio técnico oficial y calificado rompe de manera inmediata los estándares fijados por la Resolución N° 100/2022 del Ministerio de Salud de la Nación y las normativas provinciales vigentes. El funcionamiento de los equipos sin el calibrado y service correspondiente expone a los pacientes a riesgos mortales (contaminación del agua, fallas de ultrafiltración, pirogenicidad, entre otros), o bien al cese definitivo de las sesiones de diálisis por rotura irreversible del equipamiento». Asimismo, la presentación señala que «la inacción de la autoridad municipal configura una flagrante ‘falta de servicio’ y un abandono de personas en los términos del Art. 106 del Código Penal, al poner en jaque un tratamiento de soporte vital que no puede ser postergado ni interrumpido».
En su petitorio, Farías solicitó expresamente que «se disponga de forma inmediata y con carácter de extrema urgencia una inspección técnica por parte de la Dirección de Fiscalización Sanitaria en el Hospital Municipal de Miramar para constatar el estado de los equipos y la vigencia del servicio de mantenimiento técnico». Además, exigió que «se intime perentoriamente al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Alvarado a regularizar de inmediato la situación financiera con el proveedor técnico para evitar el cese del servicio» y que «para el caso de resultar el riesgo irreversible a corto plazo, se coordine a través de la Región Sanitaria VIII un plan de contingencia y derivación de emergencia para que ningún paciente de Miramar quede privado de su derecho constitucional a la salud y a la vida». Como respaldo, se adjuntó documentación del módulo de contabilidad del sistema presupuestario RAFAM que acredita la deuda mantenida con el prestador.
La denuncia administrativa ante la Provincia ratifica el escenario expuesto previamente por EL DIARIO DE MIRAMAR a fines de agosto, cuando el responsable técnico de los equipos, Javier Salinas, confirmó la interrupción de las tareas de conservación preventiva y correctiva. En aquella oportunidad, el especialista hizo público que «debido a los atrasos en los pagos por los servicios prestados, desde el 2 de julio del corriente año se encuentra suspendido el servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de la sala de hemodiálisis». Pese a que la Secretaría de Salud municipal había asumido el compromiso de saldar las facturas a los 30 días de presentadas, la comuna incurrió en demoras prolongadas: abono el período de enero a los 84 días, el de abril a los 74 días y acumulaba 87 días de mora impertérrita sobre el mes de mayo.
A los atrasos en el cobro de los honorarios mensuales se sumaron trabas burocráticas dentro de la dirección administrativa del nosocomio. Según detallaba Salinas, «desde hace 2 meses que solicito que se me emita orden de compra por la reparación de las 6 máquinas de diálisis marca Nipro que se quemaron por una falla eléctrica el día sabado 11 de abril (y que fueron reparadas 1 el mismo sabado y las otras 5 el martes siguiente), pero desde la dirección administrativa del hospital no he obtenido respuesta alguna». Esta falta de gestión llevó al prestador a cuestionar el accionar oficial señalando que «los proveedores estamos siendo obligados a convertirnos en organismos de crédito para la Municipalidad, sin siquiera ser considerados para solicitar un descubierto bancario y pagarnos lo que nos deben».
La irregularidad en los pagos a los prestadores no constituye un hecho aislado, sino una conducta recurrente en la administración de General Alvarado. Salinas y su esposa —quienes como monotributistas prestan el servicio de mano de obra para los riñones artificiales y el sistema de tratamiento de agua del hospital— ya habían denunciado a finales de 2025 una mora de seis meses consecutivos. La falta de respuesta oficial obligó a los trabajadores independientes a recurrir a sus ahorros personales de largo plazo y tarjetas de crédito para cubrir sus necesidades operativas. «Vivimos de nuestro trabajo, no de financiar municipios», remarcó el técnico en aquella ocasión, advirtiendo que «desgraciadamente, toda esta situación perjudica a quienes jamás debería perjudicar: los pacientes».
El contraste entre los actos oficiales y la gestión cotidiana de la salud pública comunal queda al descubierto tras revisar los antecedentes del centro asistencial. La Sala de Hemodiálisis Municipal fue inaugurada en marzo de 2022 con la presencia del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, la infraestructura de diseño resulta insuficiente si el incumplimiento sistemático de las obligaciones financieras y la inacción administrativa paralizan el mantenimiento técnico esencial, trasladando el perjuicio directamente a los vecinos que requieren del tratamiento para preservar su vida.
