La denuncia por la falsificación de estudios del agua de la Escuela Primaria Nº 2 José Hernández de Mar del Sud tuvo avances en su investigación tras al menos dos procedimientos desarrollados por la Policía Federal Argentina durante la mañana del miércoles en Miramar y Otamendi.
Se trató de la sede de calle 20 Nº 1367, donde además de documentación se retuvieron los teléfonos de los consejeros Fernán Gorostiza, Paulo Tilaro y Adriana Parodi, mientras que el otro estuvo en San Martín e/ Pueyrredon y Moreno de Otamendi, donde no se encontró a la presidenta Carolina Palacios.
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Según consignó el medio colega 0223 tras consulta a sus fuentes, la medida estuvo avalada por el juez de Garantías, Santiago Inchausti en el marco de una causa a cargo del fiscal federal Carlos Martínez. Además destacaron que ya está involucrado el proveedor del Consejo que tenía a su cargo la limpieza de los tanques de agua de los establecimientos educativos y que tenía encomendada la labor de llevar las muestras para su análisis.
«El hombre fue imputado en el mes de marzo y se secuestró su celular para peritar. De ese análisis surge que algunos consejeros estaban al tanto que el informe de análisis de agua no era verdadero y por eso ahora se allanó la institución», señalaron fuentes judiciales al medio marplatense.
Tal como informó EL DIARIO DE MIRAMAR en abril pasado, tras consulta a contactos propios y en seguimiento a la cobertura que desarrolló el medio local Periodismo Ya, la comunidad educativa sospechó desde inicios del ciclo lectivo que el agua estaba contaminada. Mientras el Consejo Escolar respondía que la limpieza estaba hecha y que los análisis remitidos por el proveedor indicaron que el líquido era potable, los padres hicieron uno de manera particular donde arrojó resultado positivo para Escherichia coli.
La propia Cooperativa Eléctrica de Mar del Sud realizó un nuevo pozo de captación, mientras los padres consultaron al laboratorio donde supuestamente se había hecho el reporte oficial. La respuesta fue que era falso. «Mientras tanto, los padres decidieron hacer un estudio bacteriológico sobre el cual asumieron los costos ante presunta contaminación, el cual arrojó resultado positivo para Escherichia coli. «La firma que figuraba era de una persona que no estaba trabajando en el laboratorio durante la fecha de ese reporte», respondió el informante consignado por 0223. Además agregó que «la mecánica de fraguar un antiguo informe se habría dado en varias oportunidades y quedó al descubierto porque los padres hicieron sus consultas de manera particular».
Como el estudio refirió a una universidad nacional, la denuncia presentada en la Policía Ambiental de la Provincia por la comunidad educativa y la concejal Viviana Farías (PRO) terminó derivando en la Justicia Federal. Según afirmaron a EDM, la causa corrió riesgo de ser archivada este mes y las labores de la PFA dan cuenta de que se seguirá adelante, de momento sin aprehensiones pero sí con secuestro de material de interés.
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