La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió la baja administrativa de 78 de agentes que se encontraban en situación de retiro pese a registrar condenas penales firmes por crímenes de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado.
La medida impulsada es el resultado de un informe donde se analizó la situación administrativa de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad, que continuaban vinculados institucionalmente al Estado pese a esas condenas.
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Entre los nombrados aparece Roberto Luis Pertusio, quien encabezó el Municipio de General Alvarado desde el 24 de marzo de 1976 y por espacio de casi un mes. Es que la misma noche del Golpe, fue la Marina la que tomó el control de nuestro distrito y designó ese rol de jefe comunal tras la caída de Alberto Juan Viader. Después lo sucedió el escribano José Arioli, entre el 22 de abril de 1976 y el 11 de octubre de 1979.
Pertusio fue director de la Escuela de Submarinos entre 1976 y 1977, jefe del Departamento Personal de la Fuerza de Submarinos, ocupó la Jefatura del Departamento Operaciones y del Departamento Personal de la FUERTAR 6; se desempeñó como jefe del Estado Mayor y jefe de Operaciones de la FASU (Fuerza de Submarinos) desde 1977 hasta 1978. Se lo condenó por privación ilegal de la libertad mediante violencia, homicidio e imposición de tormentos a unos 21 perseguidos políticos.
La Procuraduría solicitó el 29 de octubre de 2024 al Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Vicealmirante Carlos María Allievi, que por su intermedio solicite al Ministro de Defensa la baja de Pertusio y otros agentes retirados.
Es que «los regímenes normativos vigentes en las distintas fuerzas de seguridad y fuerzas armadas establecen causales específicas de cesantía o exoneración cuando existen antecedentes de condenas penales firmes por la comisión de delitos». «En ese marco, la permanencia de agentes condenados por delitos de lesa humanidad en situación de retiro, conservando el estado policial o militar, resulta contraria a las previsiones legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de dichas instituciones», resaltó el informe difundido.
He ahí la aclaración: «Resulta necesario distinguir conceptualmente entre las figuras de retiro y baja. El retiro —voluntario u obligatorio— implica la desvinculación del servicio activo, pero no supone la ruptura definitiva del vínculo jurídico con la institución: quien reviste en situación de retiro conserva el estado policial o militar y mantiene determinados derechos, prerrogativas y, en algunos casos, obligaciones. La baja, en cambio, constituye la separación definitiva del cargo y la pérdida del estado policial o militar, dispuesta por razones disciplinarias u otras causales legalmente previstas, y representa la única medida idónea para asegurar la desvinculación institucional plena frente a condenas penales firmes de esta naturaleza», se detalló.
Pertusio tiene 93 años, recién se lo detuvo en 2006 y dos años después fue detectado como «consejeros» del por entonces Jefe de la Armada, en el Centro de Estudios Estratégicos que funcionaba en la exESMA. Luego fue condenado dos veces a prisión perpetua en el Tribunal Oral Federal marplatense, en 2010 y 2013, ambas por la megacausa Base Naval que investigó torturas en ese predio. En 2018 fue declarado «incapaz por enfermedad sobreviniente» y una resolución judicial dispuso su libertad por presentar un «deterioro cognitivo moderado – grave». Su último dato de residencia fue en Olivos.
