El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición 2024 de General Alvarado pero multó a funcionarios por casi 5 millones de pesos

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas del Municipio de General Alvarado correspondiente a 2024. De todos modos, el exhaustivo análisis de 66 páginas evidencia fallas administrativas, un desequilibrio financiero pronunciado y una serie de multas que alcanzan a los principales responsables del Ejecutivo local.

El informe, fechado al 12 de marzo último, expuso observaciones de la gestión que encabeza el intendente Sebastián Ianantuony que abarcan desde el manejo de fondos públicos hasta el desarrollo de obras de infraestructura. Pero uno de los puntos más relevantes es el resultado financiero negativo: el Municipio cerró el año con un déficit de $2.583.740.422.

Ante el análisis de la auditoría y brindada la posibilidad de descargo, el secretario de Economía, Pablo Ramajo, argumentó que «la diferencia observada» en los números «corresponde a movimientos transitorios efectuados con el propósito de atender obligaciones inevitables, principalmente el pago de sueldos, servicios públicos, combustible y adquisición de medicamentos». De todos modos, el Tribunal ratificó su observación y señaló que «el desequilibrio fiscal negativo provoca un incremento en el endeudamiento de la Comuna».

Además de sus consideraciones, el Tribunal aplicó sanciones económicas directas a los funcionarios por diversos incumplimientos legales y reglamentarios. El intendente Ianantuony deberá abonar $1.400.000 de sus arcas, Ramajo $1.200.000, el contador municipal Daniel Dos Reis Rosa $900.000, el tesorero Mariano García $800.000 y la secretaria de Cultura y Educación, Sofía Pusterla, $600.000. Además, otros diez secretarios y delegados -incluyendo responsables de áreas clave como Obras Públicas, Salud, Seguridad, Turismo y Gobierno- recibieron una amonestación, considerada sanción formal por errores en la gestión de sus áreas.

Parte de la sentencia se centra en la contratación de servicios fuera de término, mencionando numerosos expedientes en áreas de Salud, Turismo y Seguridad que se iniciaron cuando el servicio ya había sido prestado o incluso finalizado, en infracción al Reglamento de Contabilidad. Entre ellas se menciona desde alquileres de baños químicos y motos de agua para el Operativo de Seguridad en Playas hasta funciones de títeres y honorarios de profesionales.

Asimismo, el Tribunal dio la razón al reclamo formal de concejales opositores respecto a la exclusión de Dora Bibbó del listado de Mayores Contribuyentes. En la votación de ese año para el aumento de tasas, la presidenta del HCD, Sabina Vujovich, inhabilitó a la mechonguense 10 minutos antes alegando que era proveedora municipal. Sin embargo, la auditoría comprobó que Bibbó no había tenido actividad comercial con el municipio en los últimos dos años, por lo que su exclusión fue indebida según la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Hay un capítulo propio a varios proyectos de obra pública «neutralizados» o frenados como la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, la cancha de hockey y el plan de 98 viviendas en Miramar y Otamendi. Este último tuvo como último reporte disponible un avance cercano al 50% con sus respectivas certificaciones, pero juzgaron que se encuentre paralizado por al menos un año y sin reactivación confirmada. El Municipio justificó estos «parates» por la falta de giro de fondos desde el Gobierno Nacional tras el cambio de gestión y otras vicisitudes respecto al Provincial.

El HTC también juzga que en la compra del minibús para el Transporte Estudiantil, la comuna pagó más de un millón de pesos en concepto de Impuesto a los Sellos cuando los municipios están legalmente exentos de este tributo. Por ello, entendieron que los funcionarios debieron gestionar el reintegro de ese dinero, algo que no se realizó.

Otro de los ejes del fallo fue el desorden contable. Se detectaron inconsistencias entre registros bancarios y contables, movimientos sin conciliar y dificultades en los sistemas de administración financiera. Incluso, el Tribunal advirtió que algunas diferencias podrían derivar en cargos por fondos faltantes en caso de no ser debidamente justificadas.

Además, se observaron transferencias internas de recursos por más de $1.100 millones para cubrir gastos corrientes, como el pago de sueldos, lo que también fue objeto de cuestionamiento.