El Concejo Deliberante aprobó el quinto descubierto bancario para salarios, esta vez exceptuando los de planta política

Tal y como viene ocurriendo desde fines de junio, el Concejo Deliberante de General Alvarado autorizó al Ejecutivo Municipal a recurrir a un adelanto transitorio en cuenta corriente ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires para hacer frente al pago de los haberes del personal comunal.

Sin embargo, la sesión de este mediodía introdujo un cambio sustancial respecto a las autorizaciones anteriores: los fondos obtenidos mediante este crédito bancario estarán destinados de forma exclusiva a los trabajadores municipales, postergando el cobro del intendente, secretarios, directores y concejales hasta que ingresen recursos ordinarios o se cancele el sobregiro.

El proyecto de ordenanza original repetía lo planteado en las cinco oportunidades anteriores, es decir, establecía una autorización abierta por el equivalente a una masa salarial completa para abonar los sueldos correspondientes al mes en curso. Mientras tanto, trabajadores municipales sufren el recorte de jerarquizaciones y horas extras y, aún así, el Ejecutivo dice que la plata no alcanza.

Durante el tratamiento, el bloque de la Unión Cívica Radical impulsó una modificación orientada a reducir el costo financiero que asume el municipio, planteando la necesidad de acotar la cifra solicitada al Banco Provincia. El concejal Germán Barrios formalizó la propuesta al mocionar que los funcionarios ejecutivos y legislativos perciban sus haberes una vez que se salde la deuda con la entidad provincial. Acto seguido, el titular de la bancada radical, Fabián Barberini, profundizó los fundamentos técnicos: «Nosotros lo que estamos planteando, como bien dijo Barrios, es dejar fuera del cobro de los haberes a través de la toma del descubierto a toda la planta política», sostuvo. Barberini explicó que la meta era «bajar el pago de intereses» y que los funcionarios cobren recién «una vez que por recaudación, el ingreso de tasas o coparticipación se cubra el adelanto de caja con la entidad bancaria», autorizando desde el cuerpo únicamente la suma indispensable para la planta permanente y contratada.

Por su parte, Nicolás Martínez de Vedia (LLA) calificó la postura de «demagogia pura». «Tenemos una planta política que rebalsa, tenemos 75% del presupuesto para gastos», sostuvo, criticando la estructura burocrática del municipio: «Secretaría de Eeducación, lo repito, está duplicado; Secretaría (sic) de Diversidad y Género para que nos enseñen a hablar con la ‘e’… y ahora en la sesión pasada aprobaron la incorporación de más gastos políticos con el secretario legislativo», apuntó. A su criterio, el mecanismo evade la discusión del déficit estructural mientras los trabajadores perciben «salarios de miseria porque cobran 400.000 pesos».

A su turno, el concejal Saúl Trejo (CC) apuntó fuertemente contra la conducción gremial, a la que consideró «corresponsable de los sueldos miserables que cobran los empleados municipales acá porque no ha defendido durante tantos años como corresponde a los empleados». Asimismo, Trejo sembró dudas sobre las atribuciones del Concejo para postergar los haberes jerárquicos: «Lo que escuché recién y lo quiero claro es que nosotros no tenemos competencia. Si no tenemos competencia, ¿para qué votamos?», solicitando de inmediato un cuarto intermedio.

Antes del receso, Viviana Farías (PRO) respondió a los cuestionamientos sobre votaciones pasadas y enfatizó que «jamás en este recinto se votó en contra de alguna política salarial». «Yo voto negativo al mecanismo por el cual se cubren los salarios de los empleados municipales», ratificó, en una semana donde denunció que desde algunos sectores la acusaban de la demora en los pagos y hasta de proponer un aguinaldo desdoblado. En esa línea, remarcó el costo del endeudamiento: «Con los intereses del adelanto que se tomó el 2 de octubre vamos a llegar a casi 100 millones de pesos de intereses en desmedro de otros servicios que tiene que brindar el municipio», sugiriendo en su lugar la afectación transitoria de fondos de afectación específica —como caminos rurales o el Fondo Educativo— para evitar el endeudamiento bancario.

Frente a las dudas reglamentarias, el cuerpo pasó a un cuarto intermedio para consultar al secretario de Economía y Hacienda, Pablo Ramajo. Tras el intercambio técnico, se acordó suprimir la fórmula abierta de una masa salarial y fijar en el artículo primero un tope máximo de hasta 1.498 millones de pesos, cifra correspondiente a la nómina salarial neta sin la planta política y con el 7% de aumento acordado en paritarias.

Al reanudarse la sesión, De Vedia tomó la palabra para recordar que el 13 de abril ya había presentado un programa de «austeridad y reducción de gastos políticos donde pedíamos la reducción del 15% de secretarías y direcciones», el cual fue aprobado en junio. Como respuesta, la concejala oficialista Belén Battenti pidió alejarse de las chicanas y detalló las medidas de ajuste que viene aplicando el Departamento Ejecutivo: recortes en horas extras y festividades, fusión de áreas y la supresión de direcciones, con seis ya eliminadas y cinco en proyección para mantener la estructura en 29. Battenti cuestionó además que se mencionen dependencias inexistentes y concluyó con un llamado a dar estos debates en comisiones «para no llegar así, desorganizados e improvisados, al recinto».

Con la redacción definitiva consensuada, la ordenanza fue aprobada por unanimidad. En paralelo, la concejala Farías logró dar lectura y tratamiento a un pedido de informes donde exigió que el acceso de los concejales al sistema RAFAM sea «permanente, irrestricto y con carácter de consulta en tiempo real», intimando al Ejecutivo a remitir en un plazo de 15 días la nómina analítica de todo el personal comunal, la masa de horas extras liquidadas en el último trimestre y el estado de ejecución de la partida de sueldos para entender la situación real de los trabajadores municipales.