No es novedad que la reiteración de robos, la aparición de nuevas modalidades delictivas y la extensión de la inseguridad hacia distintas localidades y sectores rurales tengan a General Alvarado en un escenario crítico.
Pero esta vez, ante la insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos para garantizar la prevención en el distrito, el grupo de Vecinos Autoconvocados local impulsó un petitorio urgente dirigido a las autoridades municipales, provinciales, judiciales y nacionales. En el documento advierten que «la inseguridad dejó de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación cotidiana que afecta a familias, comerciantes, trabajadores, productores rurales y vecinos de todo el distrito».
![](https://eldiariodemiramar.com.ar/wp-content/uploads/2026/05/EDEA_BANNER_FRAUDE_MEDIOS_300X250.gif")
El texto al que accedió EL DIARIO DE MIRAMAR explicita que «este petitorio no busca confrontar con ningún partido político ni con ningún gobierno», sino exigir un «plan extraordinario de seguridad para todo General Alvarado, con objetivos concretos, responsables identificados, recursos asignados y plazos de cumplimiento». Entre las demandas prioritarias, la comunidad solicita el relevamiento de la dotación policial, la reasignación de efectivos con arraigo local, la incorporación y reparación de patrulleros, la presencia sostenida de la UTOI y el fortalecimiento de la Policía Rural.
Asimismo, reclaman controles preventivos en los accesos a Miramar, Otamendi, Mar del Sud, Mechongué, la Ruta 88 y caminos secundarios, junto con la persecución del narcotráfico mediante «canales seguros y confidenciales para quienes aporten información», la reparación del sistema de cámaras y la creación de una mesa permanente de seguimiento público.
La interpelación institucional abarca a todos los estamentos del Estado. A nivel municipal, convoca al intendente Sebastián Ianantuony y al secretario de Seguridad Paulo Rodríguez. En la esfera provincial, se dirige al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Seguridad Javier Alonso, al superintendente de Seguridad de la Región Atlántica II Dante Pérez Bianchi y a Carlos Nicolás, coordinador de los refuerzos policiales destinados al distrito desde el 28 de agosto de 2026. En el ámbito judicial, compromete al fiscal general departamental Dr. Fabián Fernández Garello y al referente de la fiscalía local, Dr. Martín Spezia. Asimismo, la convocatoria alcanza al diputado provincial local Germán Di Cesare, a los senadores provinciales de la Quinta Sección Electoral —Fernanda Raverta, Jorge Paredi, Guillermo Montenegro, Cecilia Martínez y Matías de Urraza—, a la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva, a legisladores nacionales y a dirigentes políticos locales como el exintendente y Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Enrique Marcelo Honores, y el exconcejal y actual vicepresidente de la AABE, Joaquín Sánchez Charró.
A todos ellos se les exige no limitarse a un acompañamiento formal, sino informar públicamente qué gestiones realizarán y qué resultados obtendrán. Y muchos de estos pedidos se entregaron en mano.
La postura de la comunidad frente a la problemática queda sintetizada en un reclamo categórico: «No pedimos discursos, pedimos seguridad. No pedimos peleas partidarias, pedimos unidad y gestión. No pedimos promesas, pedimos resultados». Bajo la premisa de que «los vecinos de General Alvarado decimos basta», el documento concluye remarcando que «la seguridad es un derecho; garantizarla es una obligación del Estado».
