El Municipio de General Alvarado puso en marcha la Ordenanza N.º 262/26, una normativa que fija pautas de inscripción, homologación técnica y fiscalización para la oferta hotelera y parahotelera en el distrito. Según se conoció, la medida alcanza tanto a hoteles, hosterías y apart-hoteles como a cabañas, hostels, campings, departamentos y casas de alquiler turístico, con o sin prestación de servicios. En un mercado donde la plaza parahotelera local se calcula de manera orientativa en unas 65.000 plazas, la reglamentación procura ordenar un sector central de la economía distrital ante el crecimiento de alojamientos publicados en plataformas como AirBnb o de alquiler mediante webs o redes sociales.
A través de sus canales oficiales, el intendente Sebastián Ianantuony aseguró que se trata de «un tema que desde la década del ’70 se venía intentando legislar». «La norma apunta a organizar la actividad a través del Registro Municipal de Alojamientos Turísticos y de una homologación que certificará las instalaciones de gas, electricidad y sanitarias, entre otros ítems», sumó. Asimismo, subrayó el rol que asume la administración distrital: «Que el Estado Municipal garantice una parahotelería segura es proteger a quienes nos eligen como destino de vacaciones, evitando estafas y dándoles la tranquilidad de alojarse en un lugar que cumple con los controles necesarios».
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Sin embargo, fuentes de la Asociación Hotelera Gastronómica de Miramar consultadas por EL DIARIO DE MIRAMAR aseguraron que la entidad no fue consultada para su elaboración sino que fue íntegramente redactado por la comuna. Luego de su lectura en una reunión donde fueron convocados en la Sala de Audiencias del Municipio, sus socios -muchos con amplia trayectoria en el rubro- entienden que se deberían modificar prácticamente todos los puntos de la misma al considerarlos inviables de llevarlos a la práctica.
«Es un planteo de la década del ’70 cuando se habilitó el edificio Playa Club, que brinda alojamiento por día y es un hotel encubierto por ofrecer ropa de cama, servicio de mucama y desayuno en su confitería», describió la fuente fidedigna. «La ordenanza se tiene que reglamentar y estamos preparando nuestra respuesta porque cada ítem está mal, no condice con lo que son las leyes provinciales y nacionales de turismo. Tienen un montón de errores que a nuestro punto de vista están mal pero ellos fundamentan diciendo que están bien», amplió.
La reunión donde se dio a conocer públicamente la legislación contó con la presencia de Ianantuony; de Pablo Chiappa y Gabriel Storino por la Asociación Hotelera; el secretario de Gobierno, Natanael López; la directora de Turismo, Claudia Manso; el de Inspección General, Mariano Ilardia; y el de Planeamiento, Agustín Maceio.
Los detalles
La ordenanza aún no se difundió públicamente, ya que el Boletín Oficial tiene su última actualización hace más de un mes. Sin embargo, el sitio decano Miramarense.com.ar logró conocer que se trata de la Nº 262/26. En el Registro Municipal de Alojamientos Turísticos, los propietarios, administradores o explotadores directos deberán asentar sus inmuebles con información fidedigna sobre sus prestaciones y características edilicias. Estar inscripto no solo permitirá al Ejecutivo planificar inspecciones y auditar la veracidad de lo declarado, sino que también habilitará a los prestadores a sumarse a las campañas oficiales de promoción turística.
Uno de los ejes operativos centrales radica en el proceso de homologación técnica de los establecimientos. Para conseguir la certificación, los titulares tendrán que presentar informes rubricados por profesionales matriculados y con el visado de sus respectivos colegios profesionales. Las auditorías técnicas contemplan la revisión de nueve áreas específicas: instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, estructura resistente, conservación edilicia, higiene y seguridad laboral, protección contra incendios, sistemas de transporte vertical (ascensores) y medio ambiente. En función del resultado de dichas evaluaciones, los inmuebles recibirán la calificación de «Alojamiento Turístico Homologado» o «Alojamiento Turístico No Homologado».
Los inmuebles que completen el trámite dispondrán de una oblea identificatoria que deberá exhibirse en un sitio visible del acceso y que podrá difundirse en portales digitales, canales de promoción y plataformas de alquiler. Dicho certificado tendrá una validez de cinco años antes de su renovación obligatoria. En cuanto a los tiempos administrativos, la ordenanza estipula un plazo máximo de 180 días a partir de su promulgación para acercar los informes técnicos correspondientes. Para las unidades de hasta ocho plazas y para aquellos propietarios que adhieran de forma voluntaria al registro, las exigencias documentales se reducen exclusivamente a los informes de gas, sanitarios y eléctricos.
El régimen contempla a su vez un esquema sancionatorio ante faltas como la omisión de inscripción, la entrega de datos falsos o el incumplimiento general de las obligaciones vigentes. Las medidas punitorias van desde apercibimientos y multas económicas hasta suspensiones, bajas del padrón y clausuras preventivas de las propiedades en infracción. De forma paralela, la ordenanza habilita un plazo extraordinario de 180 días destinado a regularizar construcciones que fueron levantadas total o parcialmente sin los permisos municipales previos, previo pago de derechos y penalidades. Esta ventana de excepción, no obstante, excluye taxativamente a inmuebles emplazados en sectores de riesgo, áreas protegidas, parcelas afectadas por servidumbres o que comprometan la salubridad y la seguridad pública.
En épocas de Airbnb, plataformas online, webs y redes sociales de dudosa procedencia más allá del alquiler de departamentos y casas mediante martilleros matriculados, la implementación de este nuevo esquema busca brindar mayor previsibilidad a los prestadores locales y ofrecer certezas a los visitantes al momento de contratar su estadía. Sin embargo, la ya habitual falta de comunicación del Ejecutivo en diversas materias puede generar una complicación para los hoteleros de la ciudad y seguir brindando competencia desleal, sin habilitación ni tributo fiscal.
