La problemática de los residuos en General Alvarado trascendió las fronteras del distrito para instalarse en la agenda televisiva nacional. Tal como había adelantado EDM, un informe especial emitido por el noticiero Telenoche (Canal 13) recorrió el predio de disposición final de residuos sobre la ruta provincial 77 y exhibió el estado de abandono del predio, la falta de controles operativos mínimos y una operatoria irregular que alcanza incluso a otras zonas de la ciudad.
Para el miramarense la situación no es nueva: cada vez que pasa por el kilómetro 10 de la ruta 77 la montaña de basura se erige demostrando que nada ha cambiado pese a las promesas de las últimas dos décadas, a lo que se suma la nula relación entre el Municipio y el Gobierno Nacional para reclamarle el dinero adeudado para las obras de saneamiento. Ni tampoco la falta de recolección de residuos en las calles de la ciudad y las pésimas decisiones de algunos vecinos para sacarse de encima la basura, como la creación de microbasurales y hasta su incineración.
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Pero ahora se suma el soporte fílmico con grabación a nivel del suelo y con dron, que no solo revela el colapso ambiental en el predio que funciona desde 2001, sino que también se captó a un camión del propio Municipio arrojando desperdicios en una cava situada sobre la calle 104, detrás del Sector Industrial Planificado (SIP) y otros sectores como basurales clandestinos en la calle 64.
El informe encabezado por la periodista María Fernanda Alonso describió el predio de cinco hectáreas como un «auténtico basural a cielo abierto» que lejos de funcionar como un relleno sanitario dotado de infraestructura y supervisión técnica básica, la realidad muestra montañas desbordadas donde conviven sin separación vidrios, plásticos y restos orgánicos, mientras se multiplican los incendios y las filtraciones directas hacia las napas subterráneas sin importar de qué componentes se trate, incluso con la chance de tener metales pesados.
La crisis ambiental tiene su correlato cotidiano en la deficiencia del servicio urbano. Vecinos del casco urbano y de la periferia aseguraron ante las cámaras del canal porteño que de las cuatro unidades recolectoras municipales solo dos se encuentran en funcionamiento, lo que reduce la frecuencia a una o dos pasadas semanales, por lo que algunos deciden arrojarlas donde puedan, otros las llevan hasta el propio predio con la distancia y tiempo que esto implica, e incluso algunos recurriendo a quemas.
La notera intentó conseguir la palabra del intendente Sebastián Ianantuony accediendo directamente al tercer piso del Municipio. Sin embargo el director de Comunicación Social, Hernán López, atendió al equipo periodístico en la antesala de la privada para justificar la negativa: «En este momento no va a ser posible porque justamente por esa cuestión que te decía están justamente con algunas gestiones ante el Banco Interamericano, la Nación que no mandó los fondos y una cuestión judicial que están manejando que no pueden hacer muchas declaraciones al respecto», aseguró.
Comunicado previo
Horas antes de que el informe saliera al aire, la comuna intentó adelantarse al impacto de la emisión mediante una gacetilla de prensa en la que comunicó la presencia de inspectores del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires en el basural. Según se informó, la comitiva arribó con el objetivo de supervisar «obras de mejora y saneamiento» que incluirían trabajos de iluminación, readecuación de caminos internos, cerramiento perimetral y una visita al centro verde Punto Limpio.
La estrategia es la misma que adoptaron días atrás, cuando la presencia de las cámaras porteñas en Miramar motivó al Ejecutivo local a emitir un extenso comunicado en el que responsabilizó al gobierno nacional por frenar el giro del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignado a la empresa Transportes Malvinas SRL en la Licitación Pública Nacional N.º 1/2023. En aquella oportunidad, tal como consignó este medio, la comuna argumentó que la obra para el nuevo centro ambiental y el cierre técnico no pudo iniciarse debido a la interrupción de las partidas nacionales, mientras se iniciaban gestiones paralelas de auxilio ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Causa judicial en curso
No obstante, el argumento administrativo de los fondos demorados encuentra un límite categórico en el ámbito de los tribunales. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, al dictar sentencia el 20 de agosto de 2026 en el marco del amparo ambiental caratulado «Estancia El Juayne S.A. c/ Municipalidad de General Alvarado», desestimó las justificaciones comunales sobre las demoras externas.
El tribunal remarcó que «la obligación de clausurar los basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos, prevista en el art. 9° de la ley 13.592, constituye un deber legal inmediato cuyo cumplimiento no puede quedar supeditado a la culminación de los procedimientos administrativos vinculados con la ejecución del proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo».
El registro en imágenes de descargas no autorizadas en la cava contigua al Sector Industrial Planificado sumado a la precariedad evidenciada en la ruta 77 desmontan el relato de contingencia, y la situación se agrava ante el uso de este nuevo relleno ilegal antes mencionado.
En el texto al cual accedió EL DIARIO DE MIRAMAR, los camaristas señalaron que la responsabilidad municipal es «permanente e irrenunciable», y subrayaron que aceptar la postura del Municipio implicaría desconocer que el servicio y la protección sanitaria no pueden suspenderse por demoras contractuales ajenas.
El fallo judicial confirmó que la comuna continúa en rebeldía respecto a medidas elementales como el cerramiento perimetral efectivo, la iluminación adecuada, la desinfección y la instauración de un control de acceso estricto durante las 24 horas. Las pericias oficiales agregadas al expediente judicial revelaron que el estado del predio es aún más grave que en las inspecciones de 2021, constatándose roturas recurrentes en la maquinaria municipal asignada al movimiento de suelo. Como consecuencia de esta desobediencia continuada a una sentencia firme ratificada por la Suprema Corte bonaerense, la Cámara elevó las sanciones conminatorias a la suma de 100.000 pesos diarios y ordenó al juzgado de origen fijar de manera improrrogable un cronograma concreto para la clausura técnica y definitiva del basural.
La problemática de los residuos en Miramar dejó de ser una disputa circunscripta a expedientes judiciales para convertirse en una crisis sanitaria y de gestión a la vista de todo el país.
