Tras agotar las instancias de negociación y luego de que el último encuentro mantenido con el intendente Sebastián Ianantuony concluyera sin una propuesta concreta, los médicos del sistema de Salud del distrito confirmaron que a partir del lunes 16 de noviembre comenzará una suspensión de actividades, sin fecha de cese pero resaltando que «la resolución de este conflicto está hoy en manos de las autoridades municipales».
Esto implica la suspensión de las cirugías programadas de las especialidades de Ginecología, Traumatología y Cirugía General, así como también de la atención en consultorios externos de dichas especialidades y de los servicios de Clínica Médica, Infectología, Gastroenterología y Alergia e Inmunología. En el servicio de Diagnóstico por Imágenes se realizarán únicamente tomografías de urgencia y de pacientes internados.
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Los servicios de Urología y Reumatología acompañan plenamente el reclamo, aunque mantendrán su actividad asistencial habitual. Por su parte, los médicos de Atención Primaria de la Salud cerrarán las turneras programadas durante la última semana de noviembre, manteniendo exclusivamente la atención por demanda espontánea.
Asimismo, EL DIARIO DE MIRAMAR conoció en las últimas horas que se desvinculó al Dr. Gonzalo Janices de su rol como jefe de área de internación, uno de los profesionales que mediaba con la intendencia en representación de sus pares. Previamente, también durante las negociaciones, el Dr. Gino Valle había decidido dejar la dirección del Hospital pero mantener su trabajo como coordinador del Centro de Diálisis, mientras que la Dra. Natalia Bonino no es más la directora de Atención Primaria de la Salud por una decisión de mudanza tomada previa a asumir.
Un reclamo que nunca tuvo siquiera un acercamiento
El conflicto cada vez se agrava más. Lleva más de dos meses y está caracterizado por la falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo local, que habló del desembolso económico como «gasto sanitario». Y es el primer antecedente de un paro en el Hospital desde el encabezado por el área de Enfermería en los primeros meses de 2021, en plena pandemia de COVID-19.
Todo inició cuando el secretario de Salud, Juan Coria, comunicó informalmente mediante audios de WhatsApp que el Municipio había decidido unilateralmente que la última semana de cada mes no se atiendan estas especialidades, con el correspondiente descuento de haberes a los galenos por las horas no trabajadas. Días después y en declaraciones en Radio Mágica, Coria definió a las mismas como una «reorganización».
A pesar de las notas formales ingresadas por los profesionales el 23 de septiembre y los petitorios elevados al despacho del jefe comunal advirtiendo sobre la arbitrariedad del recorte de horas y honorarios, la gestión municipal mantuvo una postura pasiva que postergó la resolución del reclamo y derivó en el actual estancamiento asistencial. La reunión tan pedida por los médicos con el intendente se concretó, pero Ianantuony se mantuvo firme en su postura.
Entremedio está la gente, que paga sus tasas municipales y no puede acceder al principal efector de salud del distrito, con una clínica privada que tampoco goza de una situación estable.
Frente a esta inacción institucional, la representación médica sostuvo la prioridad de su reclamo laboral y salarial. En su pronunciamiento enviado este viernes, los profesionales expresaron su «preocupación y disconformidad ante el recorte de nuestra carga horaria y la consecuente disminución de nuestros honorarios, una medida comunicada de manera informal, sin previo aviso y aplicada de forma arbitraria y discriminatoria entre los profesionales».
Asimismo, señalaron que son «plenamente conscientes de que estas medidas afectan directamente a nuestros pacientes, y es precisamente lo que más lamentamos», remarcando que «ceder ante esta situación sin una solución significaría aceptar que estas decisiones puedan repetirse, desconociendo nuestros derechos y el trabajo que realizamos diariamente». En ese sentido, situaron la responsabilidad de la crisis en la administración local al concluir que «la resolución de este conflicto está hoy en manos de las autoridades municipales, de quienes esperamos una respuesta que permita reparar lo sucedido».
La respuesta del Municipio
Por su parte, la postura del Ejecutivo local se formalizó alrededor de las 19:20 a través de un comunicado difundido por la Secretaría de Salud que generó más enojo en quienes reclaman. En el documento confirmaron la recepción de la nota enviada por los galenos y justificó los ajustes en los esquemas de trabajo. «Esta situación se produce en el marco de una necesaria reorganización del gasto sanitario, motivada por el contexto económico actual, que implicó una redistribución de recursos para fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta de distintos servicios y áreas críticas del hospital, priorizando las necesidades asistenciales de mayor complejidad y demanda», explicaron.
Asimismo, la Comuna sostuvo que «se dispuso una reducción acotada de horas de consultorio externo en algunas especialidades, en función de la demanda y los plazos de espera existentes, con el correspondiente ajuste de honorarios por las prestaciones no realizadas», definiendo el recorte como «una medida administrativa que se encuentra dentro de las facultades de gestión y no infringe ninguna normativa vigente».
El comunicado oficial objetó además la medida de fuerza al calificarla como «desproporcionada», «especialmente luego de haber convocado a las partes a una instancia de diálogo y negociación para intentar alcanzar una solución consensuada», concluyendo con una ratificación del «compromiso con la comunidad y con el sostenimiento de un sistema público de salud accesible, eficiente y responsable en el uso de sus recursos».
La definición de la quita salarial como una simple «medida administrativa» y «reducción acotada» por parte de la Secretaría de Salud contrasta con la gravedad del escenario asistencial, en el que la terquedad municipal, las demoras en la implementación del programa SAMO y la desestimación del proyecto de la Asociación Médica para garantizar el cobro de prestaciones a seguros y obras sociales condujo inevitablemente al cese de prestaciones médicas esenciales.
Por otra parte, aún no se conoció un pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales de General Alvarado, encabezado por el reelecto José Luis Guffanti de gran presente con la conducción municipal. Mediante una difusión en los medios en los que publicita, el 21 de octubre señaló que había presentado un expediente en el Municipio «para reclamar respuestas concretas frente a las condiciones de higiene, salubridad y seguridad laboral que afectan a trabajadores de distintas dependencias municipales», como el Hospital Municipal Marino Cassano, el Asilo de Ancianos, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el Corralón Municipal, «sectores en los que los agentes desempeñan diariamente tareas que requieren una evaluación exhaustiva de los riesgos laborales a los que están expuestos».
Y tampoco se entiende cómo se insiste en construir un Hospital Subzonal mediante licitación provincial si no hay personal para atenderlo ni dinero para sostenerlo. «El hospital ya está licitado, está en proceso de adjudicación, está pasando por organismos. Entendemos que los procesos licitatorios de la Provincia son mucho más extensos que los que tiene un municipio, pero estamos en vísperas de que se pueda concretar la adjudicación y que la obra arranque antes del fin de año», aseguró Ianantuony esta semana en diálogo con Grupo La Provincia.
