Una iniciativa impulsada por el concejal Sergio Masson del bloque Primero Alvarado fue aprobada este miércoles en la 10ª sesión ordinaria del HCD y establece la creación del Programa de Mejoramiento, Regularización y Puesta en Valor de Veredas en todo el Partido de General Alvarado. Con este nuevo marco regulatorio para la vía pública, se busca dar un paso hacia un distrito más ordenado, seguro y accesible para todos los vecinos.
El texto aprobado que había ingresado bajo el expediente Nº 1044/26 estipula responsabilidades claras para los ciudadanos. Según el Artículo 2°, se establece «la obligatoriedad para los frentistas de construir, mantener y reparar las veredas conforme a las especificaciones técnicas que determine la reglamentación». No obstante, la norma contempla excepciones para los propietarios en casos donde el deterioro sea consecuencia de obras municipales, tareas de empresas de servicios públicos o la acción de las raíces del arbolado público.
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Un punto relevante de la ordenanza es el tratamiento de los propietarios no residentes. El Artículo 3° indica que estos deberán constituir obligatoriamente un «domicilio legal y electrónico dentro del distrito a efectos de notificaciones». Esto se complementa con la facultad del Departamento Ejecutivo para intimar a los frentistas a realizar las obras necesarias en un plazo determinado, bajo apercibimiento de sanciones progresivas en caso de incumplimiento.
Ante la falta de acción por parte del propietario, la normativa otorga al Municipio la potestad de intervenir directamente. En tal sentido, el Artículo 5° dispone que la comuna podrá «ejecutar las obras de manera subsidiaria, realizando convenios con proveedores de materiales, y recuperar los costos mediante los mecanismos fiscales correspondientes, vía Tasa o apremio a los frentistas». Para facilitar el cumplimiento, se implementarán canales de registro voluntario mediante líneas telefónicas, WhatsApp y correo electrónico para aquellos vecinos que deseen solicitar arreglos o no cuenten con medios propios para realizarlos.
La ejecución de las obras no será aleatoria, ya que el programa establece criterios de prioridad. El Artículo 7° detalla que se dará preferencia a la intervención en «zonas de alto tránsito peatonal, cercanías de escuelas, hospitales, centros de atención primaria, comerciales y dependencias municipales». Respecto a la financiación de estas mejoras, el Ejecutivo implementará un sistema de pago que incluirá opciones de contado o cuotas integradas en las tasas de partida inmobiliaria, además de la posibilidad de aplicar una contribución extraordinaria por mejoras.
Tras la sanción de esta ordenanza, que deroga normativas anteriores de 2016 y 2022, el Departamento Ejecutivo dispone ahora de un plazo de 90 días desde su promulgación para reglamentar los aspectos técnicos y operativos que permitirán la puesta en marcha definitiva del programa. De esta manera, se busca resolver una problemática histórica del espacio público, bajo la premisa de que una ciudad más transitable es una responsabilidad compartida por toda la comunidad.
