La Cámara de Comercio, la Asociación Hotelera Gastronómica y la filial local del Colegio de Martilleros rechazaron el pedido de Declaración de Emergencia en Seguridad por «exagerada e injustificada», principalmente apuntando al título del proyecto de ordenanza. La postura fue expresada mediante un documento enviado al Concejo Deliberante en el mediodía del lunes.
«Consideramos que tamaña declaración de Estado de Emergencia por un año es una medida exagerada e injustificada, tanto en su enunciación como en su plazo. Reconocemos que los últimos hechos de inseguridad requieren atención inmediata por parte de las autoridades a fin de poder solucionarlo, pero consideramos que los medios actuales con los que disponen, alcanzan y sobran para hacerlo», suscribieron en la misiva que llegó horas antes del debate en comisiones y en la venidera sesión ordinaria de este miércoles.
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El mismo es motivado por una ola de robos y vandalismo acontecida en las últimas semanas, la cual se adjudicó principalmente a menores de edad. En ese sentido y tras reuniones mantenidas entre el intendente Sebastián Ianantuony y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se presentarán este martes 10 nuevos patrulleros para el distrito. Asimismo, no se dieron a conocer mayores detalles sobre el encuentro mantenido entre los funcionarios la semana pasada desde las vías oficiales del Municipio ni las de la cartera provincial.
«Por su enunciación, ‘Declaración de Emergencia en Seguridad’, es una medida que puede afectar seriamente la actividad turística y comercial tan necesaria a fin de mantener la actividad económica y el nivel de empleo. Si hay un bien intangible que todavía conservamos a nivel destino turístico, es la percepción que tienen quienes nos visitan de que este es un lugar seguro, en donde pueden venir a vacacionar y a recrearse con su familia», opinaron sobre el proyecto presentado en la sesión del 26 de abril por el bloque Juntos/PRO-CC-MID.
Además, resaltaron que «en el proyecto de ordenanza, tal como está redactado, no se menciona una sola de las acciones tendientes a solucionar el problema, por lo que el plazo propuesto de un año de emergencia no tiene sentido ni justificación técnica». El texto remitido por los ediles enfatizó en brindarle una herramienta al Departamento Ejecutivo para reasignar partidas del presupuesto al área de seguridad.
«Hay otras maneras de buscar una solución, y desde las instituciones que representamos daremos el apoyo que se requiera a tal fin, pero siempre y cuando las medidas que se propongan estén correctamente expresadas y justificadas», continuaron en la carta que llevó la firma de las tres entidades.
«Solicitamos encarecidamente se revea la medida y se le dé más tiempo al tratamiento legislativo, acorde al impacto que produciría. Apelamos al sentido de responsabilidad de todos nuestros ediles, a fin de que un problema de seguridad solucionable no se traduzca en un daño muy difícil de reparar en la imagen de nuestra ciudad, que tantos esfuerzos demanda mantener por parte de los pequeños comerciantes, Pymes y trabajadores diariamente», concluyeron.
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