Tras una sucesión de falsas amenazas de tiroteos y hasta de bomba, con el despliegue policial y judicial que genera, la pérdida de horas de clase y la angustia en los más pequeños, la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata informó oficialmente que aplicará el artículo 1753 del Código Civil y Comercial.
En diálogo con Radio Brisas 98.5 en la tarde de ayer, el fiscal general Fabián Fernández Garello advirtió que, una vez establecidos los autores de las amenazas proferidas en los últimos días en General Alvarado, Pueyrredon y la región, los padres deben hacerse cargo de los perjuicios ocasionados, ya sea en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil o mediante demandas del Estado por el costo de los operativos.
![](https://eldiariodemiramar.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/1000743096.gif")
¿Qué dice el Código Civil? Que los padres «responden objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas».
El Dr. Fernández Garello también analizó la preocupante multiplicación de casos de intimidación pública en establecimientos educativos. Durante el diálogo con el periodista Nicolás Galante, el funcionario destacó que, aunque inicialmente se optó por la cautela para evitar el efecto de «imitación» o «copypaste» la situación pasó a una nueva fase que requiere una respuesta contundente tanto de la justicia como de la sociedad.
El Fiscal General fue enfático al señalar que la intervención judicial suele ocurrir cuando el daño ya se ha producido, por lo cual la prevención debe originarse en el seno familiar. «Esto no empieza en el colegio, esto empieza en la casa y ahí no podemos tener a un comisario político como tenía la Unión Soviética viendo qué hacemos. Tenemos que contar con la colaboración de los padres, ni más ni menos», afirmó.
Según el funcionario, el Ministerio Público Fiscal ya cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para identificar a los autores de estas amenazas, destacando que «estamos frente a adolescentes que no tienen ni idea cómo funciona el aparato de la Justicia o de la Policía investigando». Vale recordar que el jueves la Justicia pudo individualizar a un joven de 17 años de un colegio parroquial de Mar del Plata por el delito de intimidación pública.
La preocupación de las autoridades radica en las consecuencias legales que estas acciones, a menudo minimizadas como bromas, acarrean para las familias. Fernández Garello explicó que existen dos vías de acción claras: el procedimiento penal contra el hijo, si este es imputable, y el procedimiento civil contra los padres por los daños generados.
El fiscal concluyó con un pedido directo a la comunidad: «Convocamos a los padres para que se hagan cargo también de este problema. Nosotros como justicia llegamos después que el problema se generó, pero esto hay que evitarlo».
