El conflicto político y legal en torno a la extensión del comodato de las tierras del camping de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se extiende luego de la presentación formal este miércoles de un pedido de veto total por parte de concejales de la oposición.
Con autoría de Sergio Masson (Primero Alvarado) y el acompañamiento de Viviana Farías (PRO) y Nicolás Martínez de Vedia, Analía Irles y Silvina Lares (LLA) el requerimiento elevado al intendente Sebastián Ianantuony se sostiene sobre que la Ordenanza 4038-1579/24, sancionada el pasado 15 de julio, incurre en irregularidades insalvables durante su tratamiento legislativo.
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El punto central del reclamo reside en la falta de una mayoría calificada para la aprobación de la norma. Según el documento presentado, la presidencia del Concejo Deliberante ignoró el Artículo 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual establece taxativamente que para conferir el derecho de uso y ocupación gratuita de bienes municipales a entidades de bien público se requiere obligatoriamente el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del cuerpo. Dado que la ordenanza se definió mediante el voto doble de la presidencia tras un empate en ocho votos, la oposición sostiene que el acto es nulo al no haber alcanzado la mayoría especial exigida por la legislación provincial.
Asimismo, el pedido de veto denuncia una «inexistencia del acto por ausencia de votación principal», alegando que el proyecto de ordenanza base nunca fue sometido a votación tras la aprobación de una moción modificatoria propuesta por el oficialismo. A este cuestionamiento procedimental se suma la advertencia por una posible despatrimonialización del municipio, ya que el acuerdo compromete tierras públicas por un plazo de 30 años bajo cláusulas que carecen de plazos de ejecución o presupuestos mínimos para las obras prometidas. En este sentido y en la sesión donde se votó, Farías había comparado las contraprestaciones acordadas con «caramelos» frente al valor de las parcelas, cuya tasación oficial total del Banco Provincia alcanza los 1.775 millones de pesos entre la base de campamentos actual y el terreno a anexar, a pasos del mar.
Desde el Ejecutivo Municipal y la conducción de la AJB, defienden el proyecto apoyándose en el impacto sociolaboral de la institución. El intendente Ianantuony subrayó que el camping es el «segundo empleador más importante» del distrito después de la empresa Agrality, generando empleo para entre 60 y 80 trabajadores locales. Por su parte, los representantes gremiales detallaron que el sindicato volcó de manera directa «900 millones de pesos» en Miramar durante el año pasado, sumado a los ingresos generados por sus olimpíadas deportivas.
El convenio en disputa establece que, como compensación por el uso del frente costero norte, la AJB debe ejecutar la apertura de una calle entre su camping y El Durazno -aprobada hace años y nunca ejecutada-, instalar luminarias LED y cámaras de alta definición integradas al sistema de monitoreo, además de realizar una donación anual de aparatología para el Hospital Marino Cassano. No obstante, los concejales firmantes del reclamo consideran que estas obligaciones son insuficientes y que el proceso vulnera la doctrina de la Asesoría General de Gobierno, dejando ahora la resolución final de este diferendo en manos del Departamento Ejecutivo.
