Amenazas en escuelas: dos allanamientos en Miramar, con dos celulares secuestrados y reiteración de advertencia a las familias

Desde el Departamento Judicial Mar del Plata se confirmaron avances en la investigación por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de nuestra ciudad durante las últimas semanas. La Justicia realizó dos allanamientos en domicilios de Miramar, donde se logró el secuestro de dos teléfonos celulares que serán peritados para determinar la existencia de vínculos con redes sociales o conversaciones digitales asociadas a estos hechos. El caso es llevado adelante por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Como ya lo había anticipado EL DIARIO DE MIRAMAR el pasado 17 de abril, la Justicia venía rastreando el origen de pintadas y mensajes intimidatorios que comenzaron a aparecer en baños y paredes de colegios locales. Con presunción de un origen basado en retos virales de la plataforma TikTok, tendencia que ya se había manifestado con fuerza en la vecina ciudad de Mar del Plata, no se descarta que pueda existir una estructura organizativa para llevarlas adelante. Lo que inicialmente comenzó como posibles «bromas» adolescentes, ahora escaló a procedimientos judiciales directos ante la gravedad de las amenazas.

El fiscal Marcelo Yáñez Urrutia destacó el rol fundamental de las autoridades educativas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En diálogo con Canal 8 Mar del Plata, señaló que «la escuela trabajó muy bien para poder establecer quiénes habían sido los alumnos que participaron en dicha escritura o pintada». Gracias a esta labor interna, se pudo individualizar a los responsables y proceder con las órdenes judiciales. Según detalló el Fiscal, el objetivo de analizar los dispositivos móviles es «ver si tiene algún contacto con alguna red o algo por el estilo a los fines de cortar esas circunstancias», advirtiendo que quienes participen en la divulgación de estos mensajes también serán considerados responsables.

Desde el ámbito legal califican estas acciones no como simples travesuras, sino como delitos de intimidación pública y daño. Por eso, Yáñez Urrutia ya anticipó que, una vez constatada la autoría, se trabajará con todo el rigor penal y civil pertinente: «Quienes hayan estado participando de esta broma podríamos decir también van a ser responsables y van a tener que responder por todo esta divulgación que se hace que a lo mejor es una broma pero para la sociedad no lo es», remarcó.

En el diálogo con los colegas, Yáñez Urrutia volvió a hacer un llamado urgente a los padres para que conversen con sus hijos sobre las consecuencias de estos actos, que generan un enorme gasto operativo para el Estado ante cada amenaza. Sobre este punto, el Fiscal advirtió que las repercusiones económicas recaerán directamente sobre el patrimonio familiar, ya que «los padres tendrán que hacerse cargo de los daños y perjuicios que ocasionen al establecimiento y a todo el operativo que se monta cada vez que hay algo de esta característica». La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de los chats y las conexiones digitales de los jóvenes implicados.