El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un severo informe técnico sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2025 de la Municipalidad de General Alvarado. El documento al que accedió EL DIARIO DE MIRAMAR detalla una serie de anomalías administrativas y financieras que derivaron en el rechazo legislativo de las cuentas públicas y en la detección de «excesos sin posibilidad de compensar» que ascienden a la suma de $3.620.213.639,77.
De acuerdo con el análisis contable, el Municipio registró excesos presupuestarios totales por más de 4.057 millones de pesos. Los auditores señalaron una «errónea confección» en los proyectos de ordenanza destinados a validar estos gastos, además de una «errónea técnica legislativa» por parte del Concejo Deliberante al momento de formalizar el rechazo de la rendición, utilizando decretos en lugar de resoluciones.
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El informe pone especial énfasis en la demora del tratamiento presupuestario, señalando que los funcionarios «no adoptaron todas las medidas necesarias a fin de asegurar la aprobación oportuna del presupuesto», lo cual «comprometió el normal funcionamiento institucional del Municipio». Durante casi todo 2025, la administración funcionó mediante la prórroga del presupuesto anterior y, por su parte, el proyecto de gastos para el nuevo ejercicio recién fue desaprobado en noviembre, cuando solo restaba un mes para el cierre del ciclo económico y con su debate extendido desde el primer semestre.
Según se relevó, los concejales de la oposición fundamentaron su voto negativo en puntos críticos como la «extemporaneidad del tratamiento» y una marcada «falta de transparencia técnica». Específicamente, denunciaron formalmente que no se brindó acceso al módulo de personal del sistema RAFAM, impidiendo una auditoría real de los sueldos y horas extras que representan más del 70% del gasto total. Asimismo, mencionaron un notable «crecimiento de la planta política» con la incorporación de más de 300 empleados en tres años -situación desmentida días atrás por parte del Secretario de Gobierno-, mientras se verifica una «deficiencia en servicios básicos», citando el estado del Hospital Municipal con tomógrafos y equipos de rayos fuera de servicio.
Por su parte y en su descargo, el intendente Sebastián Ianantuony justificó los desfasajes argumentando que el sistema de salud pública está recibiendo una «carga adicional debido a factores externos como el aumento de costos y la crisis de los servicios privados», además de mencionar la ausencia de efectores públicos provinciales y nacionales en nuestro distrito. No obstante, el Tribunal identificó como responsables directos de las irregularidades al propio Intendente, a la presidenta del Concejo Deliberante Sabina Vujovich, al secretario de Economía Pablo Ramajo y a diversos ediles.
El organismo provincial advirtió que la falta de documentación de respaldo «lleva implícita la presunción de perjuicio para el erario del Municipio». En consecuencia, notificó a los funcionarios responsables que a los cargos financieros que resulten de este proceso «se adicionará el interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días». Finalmente, el Tribunal recomendó reformar el Reglamento Interno del cuerpo legislativo para transparentar los procesos de notificación y prevenir potenciales «conflictos de intereses» en las votaciones de los concejales respecto a otras labores en el sector público o privado.
Es casi una constante que el Tribunal de Cuentas, con sede en La Plata, tenga disidencias con las decisiones tomadas por el Legislativo local, aunque en muchos de los casos las apruebe por unanimidad y marcando incumplimientos y multas. Ahora, funcionarios del Ejecutivo, la presidenta del Concejo y los ediles opositores deberán responder por qué fueron las demoras en el tratamiento y las posturas abordadas.
