Inseguridad: el PRO, la UCR y La Libertad Avanza exigen medidas urgentes desde el HCD

La última sesión del Concejo Deliberante de General Alvarado dejó un amplio reclamo del arco opositor frente a la creciente crisis de seguridad que golpea al distrito. Sin respuestas efectivas -o al menos detalladas y palpables- por parte del Ejecutivo local, las distintas bancadas legislativas presentaron proyectos de resolución orientados a reforzar el patrullaje preventivo, combatir el narcotráfico y propiciar un inmediato desembarco de fuerzas federales en Miramar y el resto de las localidades de la comuna.

Por un lado, la concejal Viviana Farías (PRO) impulsó dos proyectos clave para revertir el preocupante estado de las comisarías de Miramar, Mar del Sud, Centinela del Mar, Mechongué y Comandante Nicanor Otamendi. Farías advirtió que el parque automotor policial se encuentra «diezmado debido al deterioro natural, la falta de repuestos y la antigüedad de las unidades», por lo que solicitó con urgencia la provisión de nuevos móviles policiales cero kilómetro al Ministerio de Seguridad bonaerense, entendiendo que «el patrullaje preventivo es la herramienta más eficaz para disuadir el delito». Asimismo, requirió la instalación permanente de una Sede u Oficina Operativa de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas en Miramar para optimizar la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Al defender sus propuestas en el recinto, Farías vinculó la desprotección vecinal con el descalabro financiero de la gestión, afirmando que «no cumple ni el partido oficialista ni el departamento ejecutivo. Cumplen los vecinos con muchísimo sacrificio», mientras que servicios básicos como la iluminación y el mantenimiento de calles arrastran hoy en día «una deficiencia hoy por hoy del 80%» debido a lo que catalogó como «una mala gestión administrativa».

En la misma línea de alarma, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto bajo la premisa de que los vecinos sienten que «salir a la calle es un riesgo» y bajo la consigna de que «no queremos acostumbrarnos a la inseguridad». El radicalismo exigió la presencia de fuerzas federales en las calles de Miramar, planteando formalmente la necesidad de «utilizar y reforzar la presencia de Prefectura Naval Argentina y gestionar ante el Gobierno Nacional el envío de otras fuerzas», incrementando los controles de manera inmediata en accesos y puntos estratégicos. Desde la bancada de la UCR enfatizaron que «la seguridad no tiene partido político» y llamaron a evitar disputas políticas estériles para centrarse en soluciones: «No discutamos las culpas por la inacción del Intendente… discutamos propuestas».

A este coro de reclamos se sumó el bloque de La Libertad Avanza (LLA), que presentó un proyecto de resolución para exigirle de forma directa a Ianantuony que coordine con el gobernador Axel Kicillof un pedido formal al Ministerio de Seguridad de la Nación para que lleguen fuerzas federales al distrito, según la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Además solicitaron la obligatoriedad de realizar una rendición de cuentas sobre lo actuado en la materia cada treinta días.

El debate legislativo dejó en claro que la oposición considera agotado el tiempo de las dilaciones. La confluencia de proyectos del PRO, la UCR y LLA expone no solo la gravedad de la crisis delictiva en General Alvarado, sino también una profunda impaciencia política ante una gestión municipal que sigue corriendo detrás de los acontecimientos.