Investigan a menor de Miramar por la posible planificación de un ataque escolar

Una investigación iniciada a partir de un reporte del FBI motivó un operativo de la Policía Federal en nuestra ciudad tras detectar conversaciones en una red social con referencias a un ataque violento contra una escuela y expresiones de odio discriminatorio.

Recién este miércoles se conoció públicamente un informe emitido desde el Ministerio Público Fiscal, donde se informó que si bien las labores no solo fueron en Miramar, intervendrá la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal general con funciones de coordinación Daniel Eduardo Adler, y su Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri.

Según la información que se puede brindar, entendiendo además que se trata de dos menores de edad no punibles, los mismos estarían implicados en un presunto plan para atentar contra un establecimiento educativo, sin especificarse cuál. Del mismo modo, la hipótesis planteada por la fiscal indica que los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad que habrían iniciado un proceso de radicalización progresiva, con el propósito de instrumentalizarlos para la eventual comisión de hechos graves que, en escenarios extremos, podrían poner en serio riesgo la seguridad pública.

Por estos motivos se realizaron cuatro allanamientos durante el último viernes en esta localidad, en La Quiaca y en otros dos puntos del AMBA, a los que uno de ellos visitaría con cierta frecuencia al tener padres separados. Las medidas estuvieron a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina con el fin de secuestrar elementos electrónicos y evidencias para avanzar con la pesquisa.

La investigación se originó a fines de abril de 2025 a partir de un reporte remitido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que conduce el fiscal general Horacio Azzolin, donde se alertó sobre una serie de usuarios de una red social que, durante los primeros meses del año, habrían mantenido conversaciones donde se referían a una supuesta «masacre» y mencionaban la realización de un tiroteo en una escuela «llena de niños», sin precisar el establecimiento. También se aludía a posibles actos preparatorios, como la adquisición de armas y prácticas de tiro.

Incluso, los interlocutores hicieron referencia por su nombre de pila a dos jóvenes estadounidenses responsables de un tiroteo escolar ocurrido en 1999. El reporte también dio cuenta de expresiones discriminatorias dirigidas contra distintos grupos sociales, raciales y religiosos.

A partir de esa información, la UFECI inició una investigación preliminar, con intervención de la DUIA, que permitió identificar direcciones IP y zonas de conexión. De ese análisis surgió que al menos dos de las personas que participaron de los intercambios eran menores de edad. Asimismo, se detectó la posible participación de al menos una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades de ese Estado.

Respecto a la carátula del caso, la Justicia Federal marplatense coincidió en que los hechos investigados podrían encuadrar en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime conductas vinculadas a delitos contra el orden público mediante la imposición de ideas por la fuerza o el temor, así como en el artículo 3 de la Ley 23.592 sobre actos discriminatorios, en su forma agravada. Y más allá de este encuadre preliminar, el MPF también planteó la necesidad de profundizar la investigación en una posible arista patrimonial, vinculada al eventual financiamiento de este tipo de actividades, conforme lo previsto en el artículo 306 del Código Penal.

Para la fiscal Mazzaferri, el caso reviste una particular complejidad por el riesgo potencial para la seguridad pública. En ese marco, se arbitraron de manera inmediata las medidas necesarias tanto para investigar los hechos denunciados como para prevenir cualquier suceso que pudiera encontrarse en curso y evitar la eventual concreción de los hechos anunciados, así como interrumpir cualquier fase de radicalización en la que pudieran estar inmersos los jóvenes mencionados.