El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 3 años y 9 meses y 24 años de prisión para 27 acusados de integrar una organización que, bajo la fachada de una congregación religiosa denominada Templo Filadelfia, habría captado y sometido durante casi cinco décadas a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y mantenerlas en condiciones de servidumbre.
El pedido fue formulado por el fiscal general Alberto Gentili durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín, que desde octubre de 2024 lleva adelante el juicio oral por una causa que investiga delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre, abusos sexuales y otros hechos vinculados.
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Casi medio siglo
Según la acusación, citada en el sitio Fiscales.gob.ar, la organización funcionó entre 1972 y diciembre de 2020 con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y ramificaciones en distintos puntos de Argentina, además de Paraguay y Brasil. La investigación identificó al menos 25 víctimas que habrían sido sometidas a un sistema de control basado en el aislamiento, la alienación y la explotación.
Durante su exposición, Gentili sostuvo que el caso reúne manifestaciones de «criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes», y remarcó que la valoración de la prueba debe contemplar las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder existentes dentro de la estructura investigada.
Pedidos de condena
La pena más elevada fue solicitada para Eva Petrona Pereyra, de 82 años, señalada como la principal líder de la organización, conocida entre los fieles como «la tía Eva». El fiscal pidió que sea condenada a 24 años de prisión por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral agravada, reducción a la servidumbre, abusos sexuales contra cuatro víctimas —dos de ellas menores de edad al momento de los hechos—, supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.
Según describieron en el debate, «la tía Eva» operaba junto a su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza, ambas fallecidas. La fiscalía reclamó penas de 21 años para otro integrante del supuesto núcleo de conducción identificado como Rigoberto Ismael Mora Bogado. También pidió condenas de entre 18 y 5 años para el resto de los acusados.
Entre ellos figuran Carlos Raúl Barrionuevo, Guillermo Alza, Martín Cáceres, Juan Pablo Mora Bogado, Ramón Carranza, Claudio Álvarez, Osvaldo Gutiérrez, Fabio Bernabé Aguirre, Claudio Aguirre, Carlos Matías Barrionuevo, Pablo Carranza y Víctor Ayunta.
Además, pidió el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, junto con 16 vehículos que, según sostuvo, fueron utilizados para la comisión de los delitos o constituyen producto de ellos. El fiscal también solicitó que el tribunal determine una reparación económica para las víctimas sobre la base de los informes elaborados por organismos especializados en recuperación de activos y lucha contra la trata de personas.
«Un control absoluto sobre los cuerpos y las mentes»
El fiscal afirmó que los testimonios recogidos durante el debate permitieron reconstruir un esquema sostenido durante décadas, caracterizado por mecanismos de aislamiento, disciplinamiento y control permanente sobre las personas captadas.
«Las víctimas describieron no hechos aislados sino un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas», sostuvo. En ese sentido, señaló que las declaraciones resultaron «coherentes, cohesionadas y consistentes» y revelaron una forma de sometimiento que excedía el control físico.
«En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida», afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.
La acusación sostiene que la organización utilizaba mecanismos de persuasión, engaño y coerción que se apoyaban en las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, además de una estructura jerárquica que imponía vigilancia constante, castigos, humillaciones y traslados compulsivos entre distintas sedes.
«Fiestas del Señor»
Durante el alegato también se abordaron distintos episodios vinculados con el control de la sexualidad y los vínculos afectivos de las víctimas. Durante la investigación surgieron relatos vinculados a las llamadas «Fiestas del Señor», celebraciones religiosas que reunían a miembros de distintas sedes de la organización. Según declararon exintegrantes, esos encuentros incluían rituales que eran presentados como manifestaciones espirituales, pero que derivaban en situaciones de abuso y sometimiento.
Gentili se refirió también a los matrimonios organizados por los líderes del grupo y a las sanciones que sufrían quienes se apartaban de las normas impuestas. «Las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y cuándo. Si se apartaban de tal orden, eran castigadas, humilladas y/o segregadas», sostuvo.
Explotación laboral y trabajo esclavo
Para el fiscal, el objetivo central de la organización era la explotación laboral de sus integrantes. Según explicó, las víctimas realizaban tareas domésticas, elaboración y venta de productos panificados y trabajos de albañilería y construcción sin recibir remuneración y fuera de cualquier marco legal.
«La finalidad última era la explotación laboral, que la estructura jerárquica pudiera aprovechar su fuerza de trabajo sin contraprestación salarial, sin sujeción a ningún régimen de trabajo, sin descanso, sin limitaciones vinculadas a la edad o a la condición física y en circunstancias de absoluta clandestinidad», afirmó.
Los testimonios también describieron condiciones de hacinamiento, alimentación insuficiente, falta de controles médicos, ausencia de escolarización formal y un sistema destinado a garantizar la continuidad de la explotación mediante el aislamiento y la dependencia absoluta respecto de la organización.
Caída
La caída del Templo Filadelfia comenzó a gestarse con las primeras denuncias que llegaron a la Justicia Federal de Morón en 2019. Las investigaciones derivaron en una serie de allanamientos y rescates de víctimas que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la organización.
El juicio comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese. A lo largo del debate declararon más de 200 testigos. Las audiencias continuarán la próxima semana con los alegatos de las defensas.
