Presentan pedido de informes sobre el uso de recursos de la Tasa Vial Rural

Mientras un reclamo presentado por la Sociedad Rural de General Alvarado espera respuestas del Departamento Ejecutivo, desde el Concejo Deliberante se suma un exhaustivo pedido de informes para conocer el ingreso y los destinos de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial.

La presentación a cargo de la concejal Viviana Farías (PRO) fechada al 8 de abril último se fundamenta en la falta de contraprestación efectiva de la Tasa que, según denuncian los productores, se convirtió en una carga económica sin reflejo en el mantenimiento de las rutas de producción, que alcanzan más de 400 kilómetros a lo largo y ancho del partido.

En el proyecto presentado, Farías sostiene que la naturaleza jurídica de una tasa exige la «concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio», citando jurisprudencia de la Suprema Corte que advierte que el monto recaudado debe ser estrictamente para retribuir un servicio local. La concejal anticipa que, tras conversaciones con el sector más las publicaciones constantes en redes sociales que dan cuenta de la situación, es evidente la «falta absoluta de inversión en el área rural». Y, además, que el presupuesto 2026 que volvió a comisiones en la última sesión no muestra señales de proveer los recursos materiales necesarios para cumplir con la labor vial.

La presentación se enmarca no solo ante la respuesta pendiente del Municipio local ante la presentación judicial de la Sociedad Rural, sino también que ocurre en otros distritos, en muchos de estos con el mismo patrocinio letrado.

En diciembre último y en diálogo con Bichos de Campo, Gonzalo Muñiz, vicepresidente de la Sociedad Rural local, aseguró: «El partido está muy abandonado. Todo depende de la buena voluntad de los productores para hacer sus propios caminos o cambiar alcantarillas«. Además buscan que se les preste atención como se planteó originalmente a la hora de proponer por dónde seguir los trabajos. «Para lo único que sirvió es para que no se lleven las máquinas al pueblo, pero ya pasaron 3 años y hay lugares por los que todavía no pasaron. Son muy inoperantes», señaló Muñiz en ese momento.

En la solicitud de diciembre, de la cual aún no hubo novedades, se solicita al intendente Sebastián Ianantuony que transparente el destino de unos 500 millones de pesos anuales que se recaudan entre la tasa y la coparticipación. Ello implica que se entreguen copias de balances de los últimos 48 meses, de la matriz de costos utilizada para fijar el valor de la tasa y un informe de la cantidad de kilómetros de caminos rurales e infraestructura vial a mantener, entre otros documentos específicos.

Por su parte, el pedido de informes de Farías busca evitar que el Municipio llegue a un extremo de litigiosidad, exigiendo un detalle pormenorizado de los insumos provistos, la maquinaria adquirida y el plan de obras para el ejercicio 2026. En su presentación también denuncia que la Mesa Agropecuaria —creada por ordenanza para auditar el funcionamiento del equipo vial— no se reúne desde diciembre de 2025, y subraya que ya en julio de ese año se impidió el acceso de concejales a dichas reuniones por orden directa del Ejecutivo municipal.

En otros distritos

Las presentaciones de asociaciones de ruralistas crecen con resultados a su favor en otros municipios bonaerenses. En los últimos días, la Justicia emitió sentencias clave que marcan un precedente para el reclamo de General Alvarado. En Baradero, por ejemplo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó abrir las cuentas municipales tras un reclamo de la Sociedad Rural local. Bruno Violi, presidente de dicha entidad, afirmó días atrás al diario La Nación: «Fue porque el estado de los caminos rurales es calamitoso. Esto ya viene de larga data, donde hay lugares en el partido que hace 50 años que no pasa una máquina».

En la misma línea, el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien representa a los productores locales y de buen parte de los otros distritos, señaló: «Lo importante es que estamos consolidando y normalizando la obligación de los municipios de informar con claridad sus cuentas: cuánto recaudan por la tasa vial, cómo se utilizan esos recursos y qué criterios aplican en la matriz de costos».

En Necochea, un grupo de 50 productores presentó un amparo colectivo ante lo que denominan un «pozo negro», ya que aseguran que pagan pero no saben dónde va el dinero.

Mientras el mal estado de los caminos sigue complicando no solo el traslado de producción y hacienda sino también de quienes trabajan y viven en nuestros caminos, la presión judicial y legislativa parece ser el último recurso de un sector que se siente totalmente apartado por el oficialismo local.