La Justicia Federal avanzó en la investigación sobre el suministro de agua contaminada en el polo educativo de Mar del Sud con la formalización de una nueva imputación y la extensión de los plazos procesales. Según informó el portal oficial fiscales.gob.ar, el fiscal federal Carlos Martínez, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, junto al auxiliar fiscal Agustín Roldán, formalizó la investigación contra un quinto involucrado: un consejero escolar del partido de General Alvarado.
En una audiencia realizada este miércoles, el juez federal de Garantías, Santiago Inchausti, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y resolvió prorrogar la investigación por un plazo de 180 días, fijando el nuevo límite para el 28 de diciembre de este año. Durante este periodo, se mantendrán las medidas cautelares y de coerción dictadas para todos los implicados en la causa.
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Con esta nueva resolución, el número de personas investigadas asciende a cinco. La lista incluye al contratista que debía certificar la potabilidad del agua -acusado de falsificar informes en más de cien oportunidades- y a cuatro integrantes del Consejo Escolar: la presidenta Carolina Palacios, la vicepresidenta Adriana Parodi, el tesorero Fernán Gorostiza y el consejero recientemente imputado Paulo Tilaro. Los cargos que enfrentan incluyen presuntas maniobras de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El origen de este expediente judicial se remonta a abril de 2025, tras una denuncia presentada por familias de alumnos que asisten al jardín de infantes, la escuela primaria y la secundaria de la localidad costera. Los padres reportaron que sus hijos sufrían cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos relacionados con el consumo de agua de pozo. La preocupación aumentó al detectarse desbordes de desechos cloacales cerca del pozo de agua potable, lo que motivó a la cooperadora escolar a realizar análisis privados.
Dichos estudios revelaron que el agua no era apta para consumo humano debido a la presencia de bacterias como Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. La hipótesis de la fiscalía sostiene que, a pesar de este riesgo sanitario, se exhibieron certificados de potabilidad apócrifos que utilizaban el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata y firmas falsificadas de expertos en química.
Respecto a la situación del nuevo imputado, la justicia le impuso la prohibición de salir del país sin autorización previa y la restricción de acercarse a menos de 500 metros del predio educativo ubicado en la intersección de las calles 106 y 27. Estas medidas se consideran necesarias dado que los funcionarios del Consejo Escolar retomaron sus cargos a fines del año pasado, una vez concluida la intervención dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Asimismo, la fiscalía insistió en el pedido de embargo sobre vehículos e inmuebles, y solicitó la inhibición general de bienes para aquellos acusados que no registran propiedades a su nombre.
