La Oficina de Información al Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de General Alvarado emitió una urgente convocatoria pública dirigida a todos los vecinos y vecinas del distrito. El organismo manifestó su «extrema preocupación» ante una situación que amenaza con impactar de manera directa en la economía y la calidad de vida de los hogares de la región. El foco del conflicto reside en un dictamen de mayoría que será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación este miércoles 20 de mayo, el cual busca restringir los beneficios de la Ley 27.637, que otorga descuentos significativos en las tarifas de gas por zona fría.
Desde la OMIC advirtieron que, de prosperar esta restricción, las consecuencias para el partido de General Alvarado serían de una magnitud alarmante. La pérdida total o parcial de estos descuentos se traduciría en un impacto económico que la oficina dirigida por el Dr. Pablo Otamendi califica como «devastador e impagable para las familias, comercios e instituciones del partido», especialmente si se consideran las bajas temperaturas que caracterizan a nuestra zona costera durante gran parte del año. En este sentido, el mensaje oficial es rotundo al afirmar que «el gas no es un privilegio, es un servicio público esencial y vital».
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La argumentación local sostiene que Miramar y el resto del distrito enfrentan inviernos «crudos y prolongados», lo que convierte el acceso al gas a un precio justo en una «necesidad básica de supervivencia y salud, no un lujo». Por esta razón, se ha hecho un llamado a la acción ciudadana bajo la premisa de que los habitantes tienen el derecho y el deber de exigir a los legisladores nacionales que actúen en defensa de los intereses de su pueblo.
Para canalizar este reclamo, proponen que la comunidad envíe correos electrónicos de manera urgente a los Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, solicitándoles firmemente que voten en contra del dictamen que perjudica a la región. El objetivo es resguardar los derechos adquiridos que protegen la economía familiar de los bonaerenses y asegurar que la voz de General Alvarado sea escuchada en el Congreso antes de que se consume un perjuicio económico que definen como grave e insostenible.
