La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia dispuso que Emanuel Lelio Ocaranza se transforme de avocador a interventor del Consejo Escolar de General Alvarado por 90 días prorrogables, a raíz de la imputación de tres consejeros por avalar la provisión de agua contaminada a escuelas de Mar del Sud y la falsificación sus análisis.
En Boletín Oficial de este martes, bajo la resolución de firma conjunta N° 4569 y fechada al 23 de septiembre, la Provincia entiende que «considerando la calificación legal de los hechos, y la gravedad de las mismos, resulta indispensable tomar una medida más eficaz, que asegure el buen funcionamiento del Consejo Escolar de Alvarado, ello a fin de resguardar a toda la comunidad educativa».
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Por ello, «conforme los considerandos precedentes, resulta necesario proceder a la intervención del Consejo Escolar, y ello hasta tanto se diluciden las cuestiones penales que pesan sobre los Consejeros Escolares».
La decisión de la cartera conducida por Alberto Sileoni dictó el acto «sin la previa intervención de Asesoría General de Gobierno» «atento a la urgencia que amerita la acción que por este acto se instruye», más allá de que se le solicitará emisión de dictamen a dicha dependencia.
«Conforme la gravedad de los hechos investigados e imputados, relacionados con la gestión llevada adelante por ese Consejo sobre las condiciones de salubridad de los establecimientos educativos a la que asisten niños, niñas, adolescentes y personal docente y no docente, es necesario arbitrar medidas necesarias a fin de hacer eficiente su funcionamiento en general (…)», desde La Plata entendieron «que la avocación oportunamente dispuesta, resulta una medida insuficiente atento a las nuevas imputaciones y sus consecuencias en el funcionamiento». «En este orden, a fin de preservar la funcionalidad institucional del Consejo Escolar de General Alvarado se requiere una medida más amplia, en procura de salvaguardar el interés público y regularizar la anomalía institucional y administrativa», se amplió.
De momento solo Adriana Parodi (PRO) tomó licencia de su cargo mientras dure la investigación, sin mayores novedades sobre los oficialistas Carolina Palacios y Fernán Gorostiza.
«Quiero transmitirles a las familias la tranquilidad de que seguimos trabajando con transparencia en los procesos, y además hago un llamamiento a las fuerzas políticas a ser prudentes en sus consideraciones sobre todas las personas que forman parte del cuerpo del Consejo Escolar», consideró la pasada semana el intendente Ianantuony, quien adujo que la intervención fue decidida en conjunto con Sileoni.
Hasta ahora, Ocaranza debía realizar «todas las acciones necesarias para lograr la normalización del funcionamiento del órgano», y no solo debería «arbitrar medidas necesarias a fin de hacer eficiente su funcionamiento en general», sino «en particular realizar un control preciso y exhaustivo sobre las cuestiones atinentes a la sanidad e higiene de las diferentes instituciones educativas».
En marzo, un análisis de agua realizado de manera privada por un grupo de padres del Polo Educativo de Mar del Sud evidenció la presencia de Escherichia coli y pseudomonas que afectaban la salud de sus hijos. Por parte del Consejo se presentó un escueto análisis donde figuraba que el agua era potable, el cual se descubrió que fue falsificado al usar una firma de una profesional de la UNMDP que no estaba enterada, mientras que la maniobra fue avalada por tres consejeros escolares.
Así, a mediados de este mes la Justicia Federal imputó formalmente a los antes mencionados Palacios, Parodi y Gorostiza, como así también al proveedor Ezequiel Bravo. A su vez, se investiga si se realizó la misma práctica con al menos un centenar de certificados similares emitidos desde 2021.
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